Por detener arbitrariamente, y torturar a una persona, además de la deficiente investigación de los hechos denunciados por la víctima, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
En la descripción de los hechos, la víctima fue detenida en Tancítaro por policías federales, quienes lo golpearon, torturaron, amenazaron de muerte; luego le sembraron armas de fuego, cartuchos y droga. En la comandancia de ese municipio continuaron golpeándolo para que se culpara por delitos que no cometió.
Los hechos referidos sucedieron en septiembre de 2014 en Michoacán, de los que la Comisión acreditó las violaciones a los derechos humanos por detención arbitraria, retención ilegal y actos de tortura realizados por elementos de la Policía Federal; y falta de acceso a la justicia por personal ministerial de la Fiscalía General de la República.
Por ello, la recomendación también se hizo al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y al presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, Víctor Manuel Manríquez González.
En la investigación, la CNDH determinó que los agentes policiales detuvieron a la persona sin justificación y reportaron su detención hasta 46 horas después; además no reportaron las causas de las lesiones.
Luego, en el servicio médico de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el médico que lo revisó no le apreció lesiones, por lo que la Comisión acusó de ocultamiento negligente e indiferente a sus derechos humanos.
Por esos sucesos, especialistas del organismo para Casos de Tortura y/o Maltrato concluyeron que la mayoría de las lesiones que presentó el agraviado se produjeron de manera intencional y con uso excesivo de la fuerza.
Después, cuando la víctima denunció los hechos, la CNDH acreditó que el Ministerio Público realizó las investigaciones sin considerar las evidencias existentes en la causa penal y sin mayor diligencia.
Por ello, la CNDH recomendó a Durazo y a Gertz Manero colaborar para iniciar con una investigación por tortura contra quienes resulten responsables; coadyuvar las quejas internas de los organismos, y designar a un servidor público para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación.
También solicitó la reparación integral del daño y brindarle atención psicológica.
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