Las personas víctimas de desplazamiento forzado de comunidades del municipio de Leonardo Bravo, en Guerrero, denunciaron que el gobierno federal incumplió los acuerdos que firmaron el 27 de marzo pasado, cuando retiraron el plantón que mantenían frente a Palacio Nacional en la Ciudad de México.
Las familias, que ahora se encuentran en la cabecera municipal de Chichihualco, en ese estado, aseguraron que no han recibido el apoyo prometido por la Secretaría de Gobernación, al contrario, continúan en malas condiciones de salud, educación, vivienda y seguridad.
El representante de los desplazados y director del Centro Morelos, Manuel Olivares, señaló que entre estos acuerdos están las garantías de seguridad en los caminos de Xochipala a Filo de Caballos, Carrizal-Chichihualco y Chichihualco-Chilpancingo, para que las personas desplazadas no sean amenazadas o agredidas por los grupos delincuenciales que los despojaron de sus casas.
Foto: Cuartoscuro. Acuerdo firmado por Alejandro Encinas y Félix Santana de la Segob
Asimismo, Olivares denunció que no les han entregado los apoyos necesarios a las víctimas de desplazamiento integrados al registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a pesar de que un acuerdo fue ingresar a todos los afectados.
Otro acuerdo incumplido ha sido el pago de la renta y de alimentación de los dos meses que llevan en la cabecera municipal, y dejaron la capital; “este 28 de mayo íbamos a tener una reunión con personal de la CEAV y de la Secretaría de Gobernación federal nos dejaron plantados”.
Por su parte, el representante de las familias desplazadas, Crescencio Pacheco Gonzales, advirtió que tomarán la caseta de la Autopista del Sol en Tlalpan, para reunir recursos económicos ante la negación de apoyo por parte de las autoridades.
Foto: El Sur. Conferencia en Guerrero
Fue el 19 de febrero del presente año cuando el grupo de más de 300 personas desplazadas llegó a Palacio Nacional y mantuvo un plantón por 38 días para exigir respuesta a sus demandas. Luego, fue el 28 de marzo cuando, tras firmar un acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos, decidieron regresar a Guerrero con la garantía de seguridad del gobierno.
Con información de El Sur
Foto propiedad de: Moisés Pablo / Cuartoscuro
