El alcalde de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo, a nombre de los ediles del llamado Pacto Nuevo León, explicó, tras salir de la Fiscalía Anticorrupción, que interpusieron una denuncia contra funcionarios de la Secretaría de Finanzas y el gobernador Samuel García, por incumplimiento en la entrega de recursos a estos ayuntamientos y por desacato; reportó MILENIO.
Antes de ello, los manifestantes acudieron a entregar la notificación de la resolución del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, sin embargo, no pudieron accesar a la dependencia.
«Vamos a presionar ahora para que tengan un tratamiento de delincuentes por la omisión en los depósitos, a todo el personal que está señalado en esta carpeta, es el procedimiento en contra de los funcionarios de la Secretaría de Finanzas, incluído también el gobernador».
«Por el incumplimiento y la extorsión, y lo que estamos haciendo es incluir estas comprobaciones de notificaciones que ya había resuelto el Tribunal, y que no nos permiten notificar en la Secretaría de Finanzas», detalló.
De igual forma, agregó, dentro de las acciones de los municipios para recibir el faltante de los 2 mil 500 millones que deberían ser entregados a estos municipios del Pacto está el uso de amparos.
«En este momento íbamos a hacer la notificación de la Tesorería, no se pudo, estamos ampliando esta denuncia, y adicionalmente también vamos a proceder con amparos», adelantó.
Sobre las resoluciones del Tribunal, afirmó, solo son dos casos los que existían y en ambos la autoridad judicial resolvió a favor de los quejosos.
«Ellos las quieren desconocer pero ya están notificados a través de los avisos del sistema electrónico, por eso es que nosotros como somos terceros interesados dentro de la denuncia estamos notificados, evidentemente ellos deben también estar notificados».
«Lo van a negar porque ha sido el estilo del gobernador, judicializar y no cumplir y no acatar las órdenes judiciales y no dudamos que empiece a patalear por este proceso», indicó.
La denuncia, remató, es por la comisión de un delito contra los municipios afectados.
«Aquí ya es en contra de un delito, porque lo que están haciendo es un delito en contra de los municipios, porque ya hay un incumplimiento y desacato de órdenes judiciales», puntualizó.
Imagen portada: Jorge López | MILENIO
