Organizaciones civiles y de defensa de los migrantes acusaron que hay un “desdén institucional”, además de pocos avances en las investigaciones, reparaciones y sentencias tras el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 muertos el año pasado; publica MILENIO.
“No hay ninguna sentencia ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas, solo promesas, omisiones, simulación y un responsable vinculado a proceso en funciones (Francisco Garduño), que cínicamente presume acciones de protección civil dentro de las estaciones migratorias”, explica el documento firmado por organizaciones como el Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi) y Asylum Access.
El 27 de marzo del año pasado, 40 personas murieron y 27 resultaron heridas tras un incendio en una instancia migratoria provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.
De acuerdo con el documento, las instancias responsables por los hechos y por la falta de acción son el INM, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF).
El INM no solo por haber estado a cargo de los migrantes ese día, sino porque ha revictimizado y amedrentado a los sobrevivientes si aceptaban apoyo de organizaciones de la sociedad civil, acusan en el documento.
También se le señala por haber negociado las reparaciones del daño y anunciar los montos económicos para las familias de los fallecidos, con lo que las puso en peligro de extorsión. Incluso, señalan, el instituto ha intentado limpiar su imagen de forma publicitaria, por ejemplo, pintando sus estaciones migratorias.
“La CEAV ha sido laxa en sus responsabilidades dejando al INM los procesos de reparación del daño, cayendo en omisiones dentro de su actuar (…) La FGR y el PJF han tenido pocos avances sustanciales en el proceso penal. Actualmente hay 11 personas vinculadas a proceso”, acusan.
Las organizaciones detallaron que desde 2018 ha habido 41 motines y cuatro incendios en protesta por las condiciones inhumanas de detención en estancias migratorias.
Además, destacan las 55 muertes de extranjeros en custodia del gobierno mexicano bajo la actual administración frente a 16 del sexenio anterior.
Perfilan sede fuera de la urbe
A unos 70 kilómetros de distancia de Ciudad Juárez, en una zona despoblada, el Instituto Nacional de Migración (INM) habilita una estación para personas migrantes.
Desde hace un año cuando se incendió la estancia migratoria del INM en Ciudad Juárez, ocurrido el 27 de marzo del 2023 y que causó la muerte de 40 extranjeros y lesiones a otras 27 personas, el Instituto no cuenta con un espacio propio para albergar a las personas en situación de movilidad que asegura.
El edificio que se hablita desde hace unos 15 días, se ubicada en el kilómetro 72 de la carretera Panamericana, entre los poblados de Ciudad Juárez y Ahumada; se trata de un edificio abandonado desde noviembre del 2013 que funcionó como garita aduanal y al empezar a rehabilitar estaba prácticamente en ruinas.
El predio abarca 765 metros, al momento no cuenta con ningún servicio pues todo fue robado, solo quedan las paredes, dijo el personal que ayer pintaba el edificio.
La primera etapa de rehabilitación incluye construir una oficina para el responsable de esa estación, dormitorios, un comedor y habilitar una entrada para un camión.
Organizaciones de la sociedad civil lamentaron que el nuevo espacio, se abra fuera de la mancha urbana donde no hay infraestructura que pudiera permitir responder a una emergencia y consideran que el espacio no cumple con lo instruido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El predio abarca 765 metros, al momento no cuenta con ningún servicio pues todo fue robado, solo quedan las paredes, dijo el personal que ayer pintaba el edificio.
La primera etapa de rehabilitación incluye construir una oficina para el responsable de esa estación, dormitorios, un comedor y habilitar una entrada para un camión.
Organizaciones de la sociedad civil lamentaron que el nuevo espacio, se abra fuera de la mancha urbana donde no hay infraestructura que pudiera permitir responder a una emergencia y consideran que el espacio no cumple con lo instruido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Independientemente de que el personal del Instituto se capacitara, no podría haber un protocolo para atender ante una situación de emergencia porque no hay un hospital cerca, no hay una estación de Bomberos. Entonces obviamente que esta decisión del Instituto atenta contra recomendación a la que se supone que ellos mismos habían decidido acogerse que es la 111 del año pasado”, dijo Blanca Navarrete coordinadora de la asociación Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) que representa a varias de las víctimas del fatal incendio.
En la recomendación 111/2023, la Comisión pide que el INM asuma ciertas acciones para evitar la no repetición de otro hecho similar al incendio, entre estas capacitar al personal y asegurar el respeto a la integridad física y psíquica de los migrantes.
Mientras que la Ley de Migración establece que las estaciones migratorias deben prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; proporcionar alimentos y permitir la entrada de los abogados de personas migrantes.
El comisionado del INM, Francisco Garduño, dijo que el edificio que se rehabilita está a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), y el Instituto pagará una renta.
El funcionario declinó dar a conocer el monto de la inversión en la nueva estación provisional y tampoco dijo cuándo abrirá y si ya fue capacitado el personal que ahí prestará el servicio.
Imagen portada: Óscar Ávila | MILENIO
