Por José Francisco Villarreal
Alguna vez, regresando del trabajo después de media noche, me pilló en un taxi una secuela del embate de un huracán que había aterrizado en Monterrey un par de horas antes. Las calles estaban literalmente inundadas. El auto se movía como un barco ebrio y por ninguna parte vi los archipiélagos siderales de Rimbaud. El taxista bromeó comparando nuestro apuro con los canales de Venecia. Muy responsable el hombre que no me dejó bajar del taxi para seguir a pie sino hasta que me dejó frente a casa. Nada más le faltó sacar un remo, cantar una “canzone” y, a falta de luna, encender la luz interior del auto. Llegué a casa con unas ganas inmensas de una “pasta e fagioli”, pero me conformé con unos fideos con frijoles negros. Mi mente es muy caprichosa y mi memoria es una góndola ebria a la deriva, tal vez por eso recordé este incidente cuando me enteré que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió una denuncia ANÓNIMA que embarra a su ex presidente, el ministro en retiro Arturo Saldívar Lelo de Larrea. “Casualmente” Saldívar participa en el equipo cercano de la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo. La relación entre el huracán “veneciano” y esta denuncia es tan frágil como un hilo de araña. Me explico… La poderosa República de Venecia era dirigida por un consejo “mayor”, elegido cada año. Además se nombraba otro consejo, de diez miembros, autónomo y de carácter casi secreto, que se ocupaba de temas delicados y escabrosos. Este consejo creó una especie de tribunal llamado “Los Tres Inquisidores del Estado”, que perseguía a los traidores a la República. Eran la cabeza de una policía secreta que reclutaba informantes “confidenciales” dentro y fuera de Venecia. Para hacer más eficiente su tarea, se instalaron en la ciudad unos mascarones intimidantes llamados “Boca de León”; estos adefesios contenían un buzón donde cualquier ciudadano podía denunciar a otro de manera anónima. Se investigaba cada denuncia, pero básicamente para desechar aquellas que podrían volverse contra el tribunal o el consejo. ¡Luminosa Justicia republicana! No sé por qué, pero eso me recuerda también al siniestro y ya desaparecido CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), en donde, por cierto, hizo su “postgrado” el no menos siniestro Genaro García Luna.
No sé quién copió a quién, pero el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición asumió prácticas similares a las de Venecia aunque contra los herejes: denuncias anónimas y presunción de culpabilidad. No es difícil entender el proceso a nivel de calle, los chismes del barrio y las noticias de la “prensa rosa” se procesan de la misma manera. Del siglo XVIII a la fecha, las formalidades de la Justicia han cambiado. Las denuncias anónimas funcionan sólo cuando se proporciona información verdadera y cuyo seguimiento por parte de la autoridad confirma el ilícito denunciado. Tengo entendido que hay legislación que protege la identidad de los denunciantes, pero creo que al denunciado en falso sólo le otorgan el “usted disculpe”. En la medida que la denuncia anónima sube de “categoría”, la respuesta oficial debe ser más cuidadosa en función no de su importancia sino de su utilidad: no es lo mismo denunciar a un vecino ruidoso que a un funcionario corrupto. Así, el anonimato es un excelente nido de francotiradores con intenciones ajenas a la Justicia. Esto, en política, es un enclave seguro para atacar o al menos desprestigiar al adversario, más todavía cuando se privilegia la protección de la identidad del denunciante anónimo. Así, considerando el origen de la denuncia anónima contra colaboradores de Arturo Saldívar, los pésimos antecedentes de la ministra Piña y sus ministros, la difusión deliberada de esa denuncia anónima en los medios, y la forma como el frente cardiaco retoma el caso para usarlo como arma electorera, me inclino a pensar que se trata de otra de las tantas argucias de la desprestigiada Corte, y una versión local de “lawfare” que se ha emprendido con bastante éxito en otros países de Latinoamérica para desestabilizar, perseguir enemigos políticos, y hasta derrocar gobiernos legítimos. Viendo que el “lawfare”, la manipulación tramposa de las leyes, es el arma favorita de la ultraderecha internacional para allanar los obstáculos que impone la democracia contra el autoritarismo, es evidente que esa ultraderecha está estratégicamente muy bien posicionada en México, tanto en el frente “opositor” (que agrupa a políticos decadentes y a empresarios oligárquicos), como en el Poder Judicial de la Federación.
Hay países en donde la denuncia abierta por las vías adecuadas es casi un intento de suicidio. Es el caso de México. El denunciante directo está muy lejos de la protección del estado y expuesto a la agresión del denunciado a veces en complicidad con las propias autoridades. Muchas mujeres mexicanas violentadas por hombres pueden dar fe de esto… las que sobrevivieron. El recurso de la denuncia anónima es una manera de evitar ese riesgo que, insisto, en México es muy real. Por sí misma, la denuncia anónima carece al menos de un requisito para una denuncia formal, esto es, la identidad del denunciante. Tampoco confirma un delito, sólo advierte la posibilidad. Por más que sea verosímil esa denuncia, no puede considerarse como cierta, ni tiene valor probatorio. Si bien es recomendable investigar lo que se delata, y obligatorio si se denuncia un delito en proceso, habría que tratar con la misma discreción tanto al denunciante como a los presuntos involucrados en el delito denunciado.
No sé si en nuestra obesa pero manca jurisprudencia existan leyes y reglamentos para abordar estas denuncias y determinar procedimientos. Pero para quienes no somos expertos en leyes, debemos estar conscientes de que hay principios de los cuales emanan todas las leyes. Son principios que también determinan la actuación de fiscalías y juzgadores. Por encima de las leyes están los Derechos Humanos, (Sí, Bukele, Noboa, Milei, Boluarte… ¡por encima!). De ahí se desprende el principio de la Presunción de Inocencia, básico en cualquier sistema de Justicia que pretenda ser en verdad justo. Si es fundamental en una denuncia formal, debe ser estricto en una denuncia anónima, por su naturaleza incierta y tangencial a los protocolos legales. Cualquier tribunal, cualquier juez, cualquier magistrado, y sobre todo cualquier ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente su presidenta, deben considerar siempre, también siempre, y además SIEMPRE, los Derechos Humanos como “Piedra de Rosetta” para interpretar las leyes, y partir de la Presunción de Inocencia como punto de referencia indispensable de sus juicios. Puede pasar, aunque no sé si legalmente, que la Corte admita una denuncia anónima para ordenar la investigación de un posible delito que involucra a colaboradores del ministro en retiro Saldívar. Está bien guardar la identidad del denunciante que, por cierto, no creo que desconozca la ministra Piña y que no es difícil identificar con los recursos que se tienen en estos tiempos. Todo esto es correcto. Pero por la misma incertidumbre de una denuncia anónima, también se debió proteger la identidad de los denunciados. Legislado o no, es obligación de la Corte evitar que la investigación perjudique de cualquier forma a los involucrados, denunciantes o denunciados. Es un elemental sentido de Justicia. Por la misma razón, en tanto no se comprueben los delitos denunciados, no se debe divulgar ni la admisión de la denuncia, ni el inicio de la investigación, ni la naturaleza de los delitos, ni la identidad de denunciantes y denunciados. No se trata del famoso “sigilo” en el que se escudan las fiscalías, se trata de HONESTIDAD. Y la honestidad podrá ser una virtud potestativa para los ciudadanos, pero es OBLIGATORIA para ministros, magistrados, jueces y, en general, para todo el Poder Judicial.
No sé en dónde tenga instalada la ministra Piña su “Bocca di Leone”. Presumo que en su propia oficina. Pero es ilegítimo y perverso, que ese virtual mascarón trague denuncias ANÓNIMAS y las haga PÚBLICAS vomitándolas en los medios de comunicación, sobre todo si sólo hay presunciones de origen incierto. ¡Pero hay más! Dado el oportuno uso electoral que se está dando al caso, también es una intromisión flagrante y mefíticamente fragante de la SCJN en el proceso electoral, y no para “meter paz” sino para “sacar más”, afectando a una coalición de partidos y al régimen; es decir, favoreciendo a sus opositores. La Suprema Corte de Justicia no sólo demuestra que no representa a la Justicia, también exhibe su deshonestidad, su desprecio por los Derechos Humanos en general y por la Presunción de Inocencia en particular, su alianza con fuerzas políticas y económicas nacionales, y su subordinación a prácticas y directrices de la ultraderecha internacional, una ideología feroz y CRIMINAL que ya ha ensangrentado otros países latinoamericanos, y lo seguirá haciendo. Yo supongo que hace unos años, cuando la oposición mexicana profetizó que durante el régimen obradorista México se convertiría en Venezuela, no se referían a la República Bolivariana de Chávez y Maduro sino a la vieja República de Venecia y sus ominosas prácticas de persecución política. Si fue así, tenían razón. A falta de liderazgos en la oposición derechista o ultraderechista mexicana, la ministra Piña se perfila como el perfecto Dogo de nuestra “venezuela”.
PD. Aclaro que este “Dogo” (Dux) no significa “Perro”. Los perros podrán ser feroces, pero normalmente son cariñosos, protectores y sobre todo fieles. La rabia en un perro es una enfermedad, no una vocación política. La ferocidad humana es inhumana, pero no canina sino vesánica.
