Se indagan presuntos desvíos por 2 millones 300 mil pesos en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa). Los señalados son Oscar Octavio Olivares Plata y Carlos Vela Gómez, ex director general y director de Administración de Riesgos de la dependencia, así como de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
De acuerdo con Reforma, a ambos exfuncionarios se les sigue por autorizar el apoyo por dicha cantidad, a través de la institución educativa que presuntamente no solicitó ni recibió una supuesta beneficiaria.
Uso ilícito de atribuciones y facultades
A los exfuncionarios se les procesa por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, en la modalidad de otorgar autorizaciones de contenido económico.
En su nota, Abel Barajas informa que el caso lo lleva un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, ante señalamientos hechos por la Fiscalía General de la República.
La teoría de la Fiscalía es que Martha Pérez Almaraz solicitó a la Sagarpa un incentivo económico del proyecto de asistencia técnica para desarrollar procesos de purificación y recuperación de acuíferos, manantiales y cuerpos de agua en los estados del norte, que permiten «rescatar el dinamismo de la producción de ganado, leche y granos».
Luego de autorizarse los recursos el 16 de abril de 2015, ese día la beneficiaria firmó, ante Vela Gómez como testigo, la cesión de derechos de cobro de este beneficio de 2.3 millones en favor de la UAZ.
No se le vio en oficinas de Sagarpa No obstante, se la FGR reporta que Pérez Almaraz nunca estuvo en las oficinas de la Sagarpa para firmar la cesión, se establece en dicho documento y tampoco recibió el dinero, ni solicitó ese apoyo. Incluso, según un dictamen pericial su firma fue falsificada. Y cuando se le interrogó, ella declaró en mayo de 2018 que jamás solicitó dinero para ese proyecto.
«Pues la verdad yo no participé en ese proyecto, siendo éste el proyecto asistencia técnica ya multicitado, y no firmé ningún documento y pues no recibí absolutamente nada, ni conozco a las personas con las que según firmé esos papeles en Sagarpa y mi firma no concuerda con la de los documentos”, aseguró Martha Pérez, pero, reconoce que sí entregó documentación a la Sagarpa para obtener un beneficio, destinado al equipamiento de una bodega en la comunidad de Caña Brava. Reconoce el trámite, pero no la obtención del beneficio que se presume desviado.
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