Mientras la Mesa Directiva aclaró nuevamente que su designación fue legítima, la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, alegó entre gritos que el Congreso de Nuevo León era omiso en cumplir resoluciones del Tribunal Estatal Electoral; reportó MILENIO.
Durante la discusión con la directiva, Pámanes pidió una moción de orden, pero fue interrumpida por la presidencia y por Carlos de la Fuente, del PAN, quienes señalaron que no era el tiempo para hacer queja del tema.
«La Sala Superior determinó en los precedentes invocados que: ‘Por lo anterior, una autoridad será competente cuando exista una disposición jurídica que le otorgue expresamente la atribución para emitir el acto correspondiente. Así, cuando un acto es emitido por órgano incompetente, estará viciado y no podrá afectar a su destinatario. Claro que está impedido jurídicamente para conocer del juicio, recurso o procedimiento y, por supuesto, para examinar y resolver el fondo de in litis planteada, teniendo facultades única y exclusivamente sobre requisito de procedibilidad, es decir, si el Tribunal es o no competente para conocer y resolver el juicio promovido’«
«Luego entonces, este Tribunal Electoral considera que aun y cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado dictó una decisión con la que pretende interferir o limitar las funciones de este organismo autónomo electoral, conceder la dilación ordenada generaría una grave perturbación al equilibrio institucional y a la correcta impartición de justicia, precisamente, porque al carecer de competencia, sus determinaciones no pueden afectar a quienes van dirigidas», finalizó.
Dicho tema no fue reservado para asuntos generales.
El Tribunal Electoral del Estado (TEE) hizo pública ayer su inconformidad en contra de las actuaciones que ha realizado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al admitir controversias de inconstitucionalidad en favor del Congreso local.
En un comunicado, el Tribunal Electoral consideró que el TSJ ordena la suspensión de los actos dictados por un organismo autónomo, así como en contra de las diligencias ordenadas por la Fiscalía Anticorrupción.
Imagen portada: Kevin Recio / MILENIO
