La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) difundió ayer su tercer informe sobre la investigación en la desaparición de los 43 normalistas, en el que acusó que la liberación de 65 presuntos responsables entorpeció el avance en el esclarecimiento del crimen; informó MILENIO.
El paradero de los jóvenes es un misterio desde 2014, cuando Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, decretó la primera línea de investigación basada en entrevistas con criminales que apuntaban al basurero de Cocula. La verdad histórica que luego el Equipo Argentino de Antropología Forense descartó.
El informe, difundido por la Secretaría de Gobernación, señala que la sentencia emitida por un Tribunal Colegiado en Tamaulipas a favor de los 65 sujetos es inconvencional, pues derivó en que las declaraciones y testimonios de personas clave quedaran sin efectos al argumentar que fueron obtenidos bajo tortura.
“La sentencia liberó a los implicados y obstaculizó las posibilidades de obtener justicia y verdad garantizando impunidad en uno de los crímenes más graves en la historia reciente de México”, se lee en el documento.
Menciona que el tribunal anuló las declaraciones de los acusados al considerarlas obtenidas bajo tortura, “pese a que solo algunos fueron confirmados como víctimas de ese delito; esto eliminó pruebas fundamentales”.
Dicha interrupción en la investigación fue vista como una extralimitación del tribunal, pues se incluyeron aspectos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial que no formaban parte del proceso, lo que permitió al juez liberar a los 65 procesados sin responsabilidad penal.
La Segob sostuvo que al ser una sentencia “definitiva e inatacable”, las personas liberadas “no podrán ser juzgadas nuevamente con las mismas pruebas, aun cuando existan indicios claros de su participación” en el caso.
Informó que otro factor en contra son tres extradiciones pendientes, entre ellas las de Tomás Cerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, y Abraham Eslava Arvizu, ex funcionario en materia de seguridad, acusados de torturar a testigos.
La tercera es la del juez de barandilla José Ulises Bernabé, a quien EU otorgó asilo por persecución política y que puede contar con información sobre qué hicieron los criminales con los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
El documento añade que en el último año se detuvo a 23 nuevos probables responsables.
Entre los presos destaca la presencia de ex policías de los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco, así como elementos del Ejército. De esta manera, suman 151 personas que actualmente llevan un juicio por participar directa o indirectamente en la desaparición de los 43.
La mayoría de detenidos son ex elementos de seguridad: 48 laboraban en la policía de Iguala, 16 en el municipio de Huitzuco y dos más en Cocula. Además, están presos 10 oficiales estatales, seis elementos del Ejército y seis trabajadores federales ministeriales.
Condicionantes de criminal
Gildardo López Astudillo, El Gil, clave en el caso Ayotzinapa, condicionó su colaboración para dar nueva información sobre la ubicación de los 43 estudiantes a cambio de amnistía y evitar la extradición de un líder criminal.
De acuerdo con el tercer informe de la comisión para el caso Ayotzinapa, El Gil ayudó a localizar a dos de los desaparecidos y, hasta 2019, tuvo participación cercana con los equipos de investigación y autoridades federales.
“Su colaboración se extendió durante cinco años; se le dio protección y recompensas. Sin embargo, condicionó nueva información a cambio de amnistía y de evitar la extradición de un líder de alto nivel de otra organización criminal, con quien él ya había trabajado para los primeros hallazgos”, detalla el documento.
Las autoridades señalan que la extradición del capo fue diferida y que desde septiembre pasado se dialoga con él para continuar su proceso en México, obtener la amnistía y recompensas económicas a cambio de información.
En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a los padres de los 43, en donde acepta que tras seis años de investigación ha sido “poco lo alcanzado” y responsabiliza a El Gil, miembro de Guerreros Unidos, por su falta de cooperación.
En la mañanera, insistió en que no hay pruebas de que el Ejército haya participado en el crimen.
“No ha sido posible avanzar, porque (López Astudillo) no ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando tiene el contacto con integrantes de Guerreros Unidos, policías de Iguala y Cocula, y autoridades locales que saben lo que pasó”, señaló.
Sin embargo, añadió que se seguirá buscando a los jóvenes.
“Este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca; es un expediente abierto y, si nosotros no podemos esclarecerlo, deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum”.
Imagen portada: A. MAGALLÓN Y J. BECERRIL / MILENIO
