Amnistía Internacional pidió a las Naciones Unidas una investigación sobre la guerra contra las drogas del presidente filipino Rodrigo Duterte, que ha cobrado la vida de al menos seis mil 600 personas a manos de las fuerzas armadas y policiales en los últimos tres años.
La organización internacional defensora de los derechos humanos publicó este lunes un reporte sobre la oleada de homicidios policiales que ha cobrado la sanguinaria campaña de Duterte para combatir el tráfico y consumo de drogas en Filipinas.
“Naciones Unidas debe abrir de inmediato una investigación sobres las graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la ‘guerra contra las drogas’”, subrayó AI en su informe, publicado en su sitio Web.
Bajo el título “Simplemente matan: ejecuciones extrajudiciales en curso y otras violaciones en la ‘guerra contra las drogas’ de Filipinas”, el documento revela cómo la Policía de Filipinas actúa con total impunidad, asesinando a personas de barrios pobres cuyos nombres aparecen en “listas de control de drogas” elaboradas al margen de todo proceso legal.
“La ‘guerra contra las drogas’ del presidente Duterte continúa siendo nada más que una empresa sanguinaria, emprendida a gran escala para que quienes viven en la pobreza sigan pagando el precio más alto”, indicó en el reporte Nicholas Bequelin, director regional de AI para Asia Oriental y el Sudeste Asiático
Es hora de que, empezando por su Consejo de Derechos Humanos, las Naciones Unidas adopten medidas decisivas para que el presidente Duterte y su gobierno rindan cuentas, subrayó el representante de la organización no gubernamental, con sede en esta capital.
De acuerdo con AI, el gobierno filipino ha reconocido al menos seis mil 600 homicidios policiales, aunque hay datos que apuntan que el total son miles más, muchos cometidos por desconocidos armados con probables vínculos con la Policía.
En su investigación, AI identificó 20 casos en los que se cometieron 27 homicidios, muchos de los cuales parece que fueron ejecuciones extrajudiciales, ocurridos en la provincia de Bulacán entre mayo de 2018 y abril de 2019.
El informe está basado en una investigación previa de AI, cuyos resultados publicados en enero de 2017, mostraron cómo la Policía filipina hostigaba sistemáticamente a las personas más pobres e indefensas del país, a la vez que colocaba “pruebas”, reclutaba a asesinos a sueldo, y elaboraba informes oficiales falsos de los incidentes.
“En todos los lugares a los que fuimos para investigar homicidios relacionados con las drogas, la gente corriente estaba aterrorizada. El miedo ha calado hondo en el tejido social de la sociedad”, indicó Bequelin, tras señalar que “no es seguro ser pobre en la Filipinas del presidente Duterte”.
La ONG determinó que los programas de rehabilitación y tratamiento para personas consumidoras de drogas siguen siendo muy deficientes y hace hincapié en que las autoridades deben aumentar la disponibilidad de los servicios de salud y sociales para reducir los riesgos y daños asociados a las drogas, además de acabar con su campaña de violencia y miedo.
“AI pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que inicie de inmediato una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en la guerra contra las drogas…. Asimismo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe agilizar su examen de la situación y abrir una investigación penal completa y exhaustiva”, apuntó.
