Si bien hay varios puntos de diagnóstico acertado, la Ley Federal de Austeridad Republicana parece más un documento de “aspiraciones políticas”, toda vez que incluye muchas medidas difíciles de precisar, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Tiene como objeto «cambiar prácticas no deseables, denotadas con calificativos imprecisos que se pretende sean ordenamientos jurídicos, como desigualdad social, avaricia y despilfarro de los bienes y recursos nacionales”, expuso.
La iniciativa fue aprobada a principios de julio en el Senado para poner límites al gasto y establece que los ahorros serán destinados a los programas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) o al destino que por decreto determine el Ejecutivo federal.
No obstante, consideró que darle explícita y personalmente la discrecionalidad de reasignación al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin siquiera mencionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no parece una buena práctica bajo ningún punto de vista.
Hacienda tiene inherentemente la responsabilidad de jerarquizar las presiones de gasto que aparecen de manera inexorable durante el ejercicio del presupuesto y las debe manejar de acuerdo con su importancia.
“Es inadecuado e incluso irresponsable privilegiar a programas del PND o de las prioridades presidenciales”, remarcó.
El decreto deja pasar la oportunidad de legislar el destino de las adecuaciones presupuestarias provenientes de ahorros y economías para presiones de gasto supervinientes, como desastres naturales, epidemias y su prevención y atención de migrantes.
“En vez de eso, faculta al presidente a privilegiar sus programas de manera discrecional”, insistió el organismo en su análisis semanal.
Con el proyecto de la ley se pierde la oportunidad de fortalecer ordenamientos en leyes existentes, notablemente la de presupuesto y responsabilidad hacendaria, para modernizar la gestión del gasto y hacerla más eficiente, alertó el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
