Por Carlos Chavarría.
Es un axioma que todos los seres humanos normales actuamos en la dirección de ver siempre mejorado nuestro beneficio y condición, y lo haremos dentro de la ética y el marco legal vigente.
Hasta en los grupos sociales más pequeños la energía colectiva siempre se buscará dirigirla hacia donde se tenga la información de lograr los máximos beneficios para todo individuo y de ser posible para todo el conjunto de participantes coaligados o socios.
Por antonomasia le corresponde al gobierno, como parte del estado, crear la estructura de incentivos y castigos para que la economía en su conjunto crezca y se desarrolle de forma sincronizada y armónica.
De hecho, todos los aparatos que se desprenden del estado, como son las leyes, reglas y planes de gobierno, incentivan o desincentivan el trabajo y decisiones de todos los agentes económicos en una dirección o en otra.
Por ejemplo. En la actualidad, la estabilidad del tipo de cambio está sostenida por el incentivo, entre otros, de tasas de interés altas en relación con el mundo. Si la política de tasas de interés cambiase, muchos inversionistas en valores mexicanos es posible que buscaran otros destinos para sus capitales y el peso perdería atractivo y sufriría cambios importantes.
Mucho se habla de que México tiene 40 años sin crecer lo suficiente en su economía y se habla de regresar a la “época dorada” del desarrollo estabilizador cuando el gasto público fue el motor principal de la inversión.
En todas las naciones, no sólo en México, desde la postguerra y hasta los 80´s del Siglo XX, el déficit público se consideraba algo sano para incentivar el crecimiento, hasta que se agotaron los excedentes y empezó el círculo vicioso del endeudamiento y la emisión de dinero para sostener la marcha con las nefastas consecuencias de dos décadas perdidas en los 80´s y 90´s para volver a estabilizar las economías.
En la actual administración se vuelve a mover el péndulo de historia económica hacia las recetas distribuidoras, e incluso en el Plan Nacional de Desarrollo se pretende que el gobierno vuelva a encabezar el crecimiento económico con lo que llaman el “desarrollo compartido”.
Para que funcione el reparto de beneficios sociales, hace falta que se creen los incentivos para que aumente la inversión, y aquellos para que los programas subsidios a familias mejoren la movilidad social, de lo contrario lo único que se conseguirá es debilitar la economía más aún.
Imaginemos que dentro de algunos meses los 750,000 jóvenes del programa de aprendices concluyan su capacitación, así como todos los estudiantes de las 100 universidades gratuitas terminen sus estudios, y estarán esperando sus empleos bien remunerados, pero si la inversión no se incentiva tampoco habrá los empleos suficientes, mientras el programa continuará incentivando a los jóvenes a prepararse y aumentando el gasto público.
El FMI, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgo, la OMC, y todos los aparatos que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, ajustaron sus agendas para lograr que nunca se repita el ejercicio keynesiano y que se modere la influencia de la circunstancia política en las decisiones económicas, que siempre desembocan en enormes déficits y el colapso de las economías, como ocurre en Venezuela.
Al presidente López Obrador le urge domeñar su discurso de izquierda y lanzar los incentivos correctos para atraer y mantener tasas de incremento en la inversión pública y privada que cierren el círculo virtuoso para el desarrollo del país.
Igual debe diseñar una agenda de comunicación del partido de su propiedad, MORENA, para que sea coincidente con su discurso y estrategia económica y evitar el uso de fórmulas que refuerzan un modo de pensamiento económico que tuvo su oportunidad, y nada más desembocó en el despotismo del gobierno sobre sus ciudadanos.
