Abraham Hernández, Janeth González, Rolando Crispín y Noel Castillo eran defensores indígenas del medio ambiente. Todos fueron asesinados en Oaxaca durante 2018 y tenían en común resistir contra proyectos de despojo a los pueblos de la región. Hasta ahora, ningún caso ha obtenido justicia.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que, durante 2018, México ocupó el cuarto lugar a nivel global de los países más peligrosos para los defensores y defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente con 14 asesinatos. Además, en lo que va de 2019, ya se ubica en sexto lugar también con 14 víctimas.
En conferencia de prensa y con base en un informe de Global Witness, activistas dijeron que México se ubicó nuevamente entre los 10 países con mayor criminalización a personas defensoras del medio ambiente.
“Una de las posibles explicaciones sobre la mayor incidencia de criminalización en América Latina es la fuerte tradición de activismo en la región, que monitorean y denuncian los abusos, lo cual los convierte en blancos sin mecanismos efectivos de protección”, dijo Alejandra Leyva, abogada del Cemda.
La Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Modcaf), la Red Indígena de Turismo de México (RITA), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace, destacaron que en la mayoría de los conflictos territoriales, los derechos de los pueblos indígenas se ven amenazados y confrontados con intereses privados con autorización de los gobiernos.
Características de los defensores asesinados en México
Adrián Tihuilit, Manuel Gaspar y Sergio Rivera, también fueron víctimas de los crímenes contra defensores en 2018. Ellos fueron desaparecidos y asesinados por defender el agua de sus comunidades; todos eran de origen indígena en Puebla.
De acuerdo con el informe, los estados con más casos de criminalización fueron Oaxaca que sumó 4 víctimas; Puebla con 3; así como Chihuahua y Michoacán con 2 casos cada uno; y Nayarit, Guerrero y Estado de México con un caso.
Otro aspecto que destacaron las organizaciones fue que 11 de las 14 personas defensoras asesinadas, son de origen indígena “por lo que la criminalización está claramente asociada a la defensa de los recursos que los indígenas protegen”, principalmente contra proyectos mineros, tala clandestina y proyectos hidroeléctricos.
Exigen cese de criminalización contra defensores
Desde las organizaciones civiles, hicieron un llamado tanto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como al poder legislativo para que diseñen políticas y mecanismos de prevención contra la criminalización a este sector de activistas.
También solicitaron acelerar la ratificación del Acuerdo de Escazú, reconocer la labor de los defensores ambientales, eliminar del discurso mensajes que descalifican y estigmatizan el trabajo de defensores y periodistas, y respetar el derecho de los pueblos indígenas a consultas libres, previas e informadas.
Finalmente solicitaron a los gobiernos estatales con asesinatos de defensores, hacer justicia por cada caso y se tomen las medidas necesarias para prevenir las agresiones en contra de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.
En total, 14 defensores fueron asesinados en México durante 2018; todos iban contra proyectos mineros, hidroeléctricos y de tala clandestina.
