El juez Décimo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, es una constante a la hora de revisar resoluciones de demandas relacionadas con personajes polémicos como Emilio Lozoya, Rosario Robles y Manuel Barreiro.
La mañana de este 31 de julio, el impartidor de justicia concedió una suspensión provisional a Rosario Robles, extitular de la Sedatu y la extinta Sedesol en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en contra de una posible orden de aprehensión en su contra debido a que los cargos a imputar por la Fiscalía General de la República no ameritan la prisión preventiva.
La exfuncionaria federal es acusada de ejercicio indebido de la función pública y es considerada como una de las autoridades involucradas en el entramado de la llamada «Estafa Maestra», un método meticuloso para la desviación de recursos públicos a través de empresas fantasma creadas para proporcionar servicios a universidades públicas.
Sin embargo, el juzgado encabezado por Vargas Alarcón es un referente común en casos mediáticos de personajes señalados por corrupción.
Por ejemplo, el pasado mes de febrero, el juzgado Décimo de Distrito de Amparo concedió la suspensión definitiva al exgobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López, en contra del proceso de extradición para ponerlo a disposición de las autoridades de Estados Unidos (EU).
El funcionario judicial también resolvió, en agosto de 2018, negar la suspensión definitiva a Cecil Duarte, hermano del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por un caso de fraude de más de 500 millones de pesos en contra del gobierno veracruzano por el manejo de concesiones de taxis.
En cuanto al proceso en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el titular del juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal resolvió el pasado 25 de julio dio una suspensión definitiva contra orden de arresto a Gilda Margarita Austin, madre del exfuncionario federal detenida hace unas semanas en Alemania.
El año pasado el nombre de Manuel Barreiro ocupó la prensa nacional durante el primer semestre debido a su supuesta participación en un caso de lavado de dinero que involucraba al entonces candidato presidencial, Ricardo Anaya.
El juzgado Décimo de Distrito también apareció en ese caso y en abril de 2018 negó suspender en definitiva el aseguramiento de las cuentas de Sergio Reyes, colaborador y presunto socio del empresario queretano.
En esa resolución, Vargas Alarcón consideró levantar el bloqueo a las cuentas podría causar «perjuicio al orden público e interés social» debido a la la investigación en curso en ese momento por las supuestas acusaciones de lavado de dinero, mismas que fueron desechadas meses después tras el término del proceso electoral.
Como titular del juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón cuenta con 6 secretarios de juzgado y 3 actuarios judiciales.
¿Qué resuelven los jueces de amparo?
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los jueces de amparo conocerán de los juicios que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.
Además, también resolverán los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos.
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