Por José Jaime Ruiz
La reciente resolución de la Sala Regional Guadalajara no es un asunto aislado de técnica electoral ni una discusión periférica sobre cuotas de género. Es, en realidad, una señal política para los sistemas de control territorial que durante décadas han gestionado los partidos. En Nuevo León, el mensaje ya empezó a leerse con inquietud. El fallo que confirmó los lineamientos de paridad en Jalisco abre una posibilidad concreta: que la igualdad deje de funcionar como una narrativa ornamental y se convierta en una obligación material que altere la arquitectura del poder municipal. Eso es lo que verdaderamente pone nerviosos a muchos actores del PRIAN en el estado.
La resolución jalisciense validó una lógica que cambia el tablero: las mujeres no deben ser postuladas únicamente en municipios donde los partidos saben que van a perder, sino también en aquellos espacios de mayor densidad política, electoral y presupuestal. Es decir, donde realmente se ejerce el poder. Si ese criterio termina consolidándose jurisprudencialmente, municipios como Apodaca y San Nicolás dejarían de ser únicamente bastiones históricos cuidadosamente administrados por estructuras partidistas masculinas y pasarían a convertirse en territorios obligados para la paridad sustantiva. Apodaca representa una maquinaria territorial de enorme peso metropolitano; San Nicolás, uno de los enclaves históricos más sólidos del panismo regiomontano. Ambos municipios han funcionado durante años bajo lógicas de sucesión interna altamente controladas, donde los relevos suelen construirse mediante redes de continuidad política, grupos compactos y apellidos previamente alineados.
Durante años, prácticamente todos los partidos defendieron discursivamente la igualdad de género. La promovieron en declaraciones, documentos básicos y campañas institucionales. Pero cuando la paridad amenazó con tocar las zonas reales de control político, comenzaron las resistencias.
La igualdad fue aceptada mientras no alterara las coordenadas del poder efectivo.
Por eso la resolución de Jalisco resulta tan relevante para el caso nuevoleonés. El precedente validó medidas de segmentación poblacional y competitiva, además de reservar municipios específicos exclusivamente para candidaturas encabezadas por mujeres. El criterio central es claro: la paridad no puede ser simulación estadística ni distribución estratégica de derrotas. Debe reflejarse también en los espacios de alta competitividad.
En Nuevo León, el contexto jurídico incluso podría acelerar el conflicto. La Sala Monterrey ya estableció que los lineamientos de paridad pueden emitirse hasta antes del inicio formal del proceso electoral, previsto para el 6 de octubre. Y el Congreso local tiene como fecha límite el 8 de julio para aprobar cualquier reforma electoral aplicable a 2027. Después de ese punto, el margen legislativo prácticamente se cierra. Eso coloca al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León frente a una ventana decisiva. Si no existe reforma legal antes de julio, el organismo tendría vía libre para emitir lineamientos de paridad con suficiente anticipación.
La resistencia no necesariamente será pública. Probablemente aparecerá disfrazada de argumentos técnicos, apelaciones a la competitividad, “méritos” individuales o defensas de supuestas libertades partidistas. La paridad dejó hace tiempo de ser un debate simbólico. Hoy es una disputa directa sobre distribución real de poder. Y quizá por eso el precedente de Jalisco incomoda tanto en Nuevo León. Porque por primera vez la igualdad amenaza con entrar, de verdad, a las oficinas donde tradicionalmente se decidían las sucesiones antes de que comenzaran las campañas.
