Por José Jaime Ruiz
Durante meses, una corriente interna en Morena encabezada políticamente por Waldo Fernández promovió una narrativa de coexistencia con el Gobierno estatal. Bajo el argumento de evitar la parálisis institucional construyó una estrategia basada en la moderación, la interlocución y la búsqueda permanente de entendimientos con Palacio de Cantera. La inasistencia de Mario Soto y Rodrigo Montemayor durante el proceso que permitió abrir la ruta legislativa del juicio político contra Samuel Alejandro García Sepúlveda fue interpretada por amplios sectores de Morena como algo más que una ausencia administrativa. Fue leída como una toma de posición. Por eso resultaron tan contundentes las declaraciones de Tatiana Clouthier, quien reveló que desde el momento mismo en que Mario Soto fue designado coordinador parlamentario expresó reservas debido a lo que describió como antecedentes de subordinación política al gobernador.
Mario Soto y Rodrigo Montemayor no eran vistos únicamente como legisladores con una visión distinta. Eran percibidos como piezas centrales de una corriente que privilegiaba la relación con el Gobierno estatal sobre la confrontación política que exige la oposición. La suspensión de sus derechos partidistas por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia fue la respuesta de Ariadna Montiel, quien entendió el riesgo estratégico: permitir que Morena apareciera ante la opinión pública como un partido incapaz de actuar frente a las acusaciones dirigidas contra el gobernador. La crisis se profundizó cuando trascendió la reunión sostenida en el restaurante La Torrada entre el secretario General de Gobierno, Miguel Mike Flores, y las diputadas morenistas Brenda Velázquez y Reyna Reyes.
El episodio terminó reforzando una narrativa política que ya existía dentro de Morena: la existencia de un sector que mantiene canales privilegiados de comunicación con el principal operador político del gobernador Samuel García. Los gobiernos y las oposiciones dialogan todos los días, el problema aparece cuando los encuentros ocurren en medio de una batalla política que involucra precisamente la responsabilidad del Ejecutivo estatal. En ese contexto, los nombres de Mario Soto, Rodrigo Montemayor, Brenda Velázquez y Reyna Reyes dejaron de ser casos aislados para convertirse en símbolos de una corriente política interna: el grupo de Waldo que evita definirse cuando la definición implica costos.
Frente a esa postura, Tatiana Clouthier y Andrés Mijes representan el polo opuesto. Ambos entendieron que la disputa por la candidatura de Morena en 2027 pasa necesariamente por una definición previa: determinar si el movimiento será una alternativa frente al modelo político de Movimiento Ciudadano y contra el PRIAN. La presión ejercida por Tatiana para que existieran consecuencias políticas para los legisladores ausentes no respondió únicamente a una lógica disciplinaria, fue una demostración de liderazgo interno. De la misma forma, el respaldo de Mijes a esa postura confirmó la consolidación de un bloque que considera imposible construir credibilidad electoral mientras subsistan dudas sobre la independencia política de algunos cuadros partidistas.
La batalla de fondo, por tanto, no es entre moderados y radicales.
Es entre quienes consideran que Morena debe confrontar al poder y quienes creen que puede administrarlo mediante acuerdos. Por ahora, los hechos parecen inclinar la balanza: Mario Soto dejó la coordinación parlamentaria; Rodrigo Montemayor enfrenta procedimientos internos; Brenda Velázquez y Reyna Reyes quedaron atrapadas en la polémica de La Torrada. Y Waldo Fernández observa cómo la corriente conciliadora que buscó construir se encuentra bajo el más severo cuestionamiento político de su historia reciente.
