Por Efrén Vázquez Esquivel
Me propongo analizar el caso de la reciente confrontación pública entre el expresidiario Israel Vallarta y el comunicador profesional Ciro Gómez Leyva, no con el propósito de tomar partido por alguno de ellos, sino de examinar los límites éticos y jurídicos de la libertad de expresión cuando ésta entra en tensión con una sentencia absolutoria firme.
Israel Vallarta pasó casi 20 años en prisión sin sentencia, acusado de integrar la banda de secuestradores Los Zodiaco. La mañana del 9 de diciembre de 2005, su detención y la de Florence Cassez fueron transmitidas en vivo por televisión, pese a que habían sido detenidos un día antes. En 2013, Cassez fue liberada tras la presión del gobierno francés; Vallarta, en cambio, obtuvo su libertad absolutoria hasta junio de 2025.
Después de que un tribunal confirmara la sentencia de la jueza de Distrito, Vallarta compareció en el programa de Ciro, el pasado lunes, a ejercer su derecho de réplica. Ambos mantuvieron su postura. El argumento de Ciro fue que la jueza que otorgó sentencia absolutoria a Vallarta “es jueza del acordeón”.
En un Estado de derecho, ni el periodista ni nadie, incluido el juez, puede situarse en un espacio de inmunidad; de ahí que si el periodista —o quien sea— decide desafiar una sentencia judicial firme por razones de conciencia, debe asumir las mismas consecuencias que cualquier otro desobediente civil.
Esto implica, al menos, las siguientes condiciones: que el periodista exponga razones públicas o, en términos de Habermas, criterios de aceptabilidad racional; que aporte pruebas que justifiquen por qué considera errónea la decisión judicial; que actúe abiertamente, sin ocultar que desafía la sentencia dictada por los tribunales; y que acepte las consecuencias legales, en lugar de invocar la libertad de expresión como un escudo absoluto para decir lo que quiera.
Este enfoque de análisis desplaza el debate del derecho a la libertad de expresión hacia una cuestión más profunda, contenida en los artículos 7 y 8 de la Constitución: ¿Qué deberes asume quien, desde una posición de poder mediático, decide desconocer el efecto social de una sentencia firme?
