Desde hace cuatro años, las pedreras declararon la guerra al Gobierno del Estado por la trama del llamado impuesto verde; publica MILENIO.
Desde el año 2022, la inconformidad estalló por parte de las empresas de extracción de piedra caliza en el estado de Nuevo León, que se prolongó hasta este pasado miércoles, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el gravamen que el Estado cobra por extracción, explotación y aprovechamiento de materiales pétreos.
La batalla legal detonó hace cuatro años con una lluvia de amparos por parte de las pedreras de Nuevo León para combatir el impuesto verde, recursos legales que exhibió la plataforma MILENIO-Multimedios.
Los impuestos verdes en Nuevo León entraron en vigor el 1 de enero de 2022, divididos en extracción de materiales pétreos, emisión de contaminantes a la atmósfera, contaminación del agua y contaminación del suelo y subsuelo.
Dos meses después, la inconformidad de los empresarios emergió sin freno…
Nueve pedreras, una institución hospitalaria e incluso Petróleos Mexicanos emprendieron 11 juicios de amparo por separadocontra esos impuestos, al considerar que eran violatorios de sus derechos constitucionales, lo que ayer finalmente confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque por un amparo diferente presentado apenas el año pasado.
De hecho, ocho de esos 11 juicios fueron admitidos en fechas diferentes del mes de marzo de 2022 ante los juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado.
Luego de que los recursos no prosperaron, cuatro años después, el recurso admitido y por el que la Suprema Corte de Justicia falló, correspondió al juicio de amparo 592/2025 promovido por una empresa dedicada a la producción, fabricación y comercialización de productos de yeso, sin darse a conocer el nombre de la industria.
El razonamiento de la Corte fue que las actividades ligadas de manera directa a la explotación de recursos del subsuelo y la minería están reguladas de manera exclusiva por el Congreso de la Unión.
De acuerdo con la Tesorería General del Estado, del 2022 al 2024 se han recaudado cuatro mil 772 millones de pesos por concepto de impuestos ecológicos.
Foto portada: Roberto Alanís / MILENIO
