En Coahuila, al menos 153 niñas, niños, adolescentes y jóvenes quedaron en condición de orfandad por feminicidio durante los últimos años, de acuerdo con el padrón integrado a partir de las carpetas de investigación de la Fiscalía Estatal y validado por la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif). De ellos, 130 son menores de edad; publica MILENIO.
De acuerdo con la investigación de MILENIO, esos 153 casos cuentan solamente una parte de una historia que se repite en todo México: el país sabe cuántas mujeres son asesinadas por razones de género, pero durante años no ha sabido cuántos hijos e hijas quedan detrás de cada feminicidio.
El problema no es únicamente estadístico.
Cada feminicidio puede dejar una familia que debe reorganizar su vida de un día para otro: abuelos que se convierten en padres, tíos que asumen la crianza, familias que enfrentan gastos que no tenían contemplados y niñas, niños y adolescentes que pierden a su madre mientras, en algunos casos, también enfrentan la ausencia o el encarcelamiento de su padre.
Y aunque desde 2021 existe un Protocolo Nacional de Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, la propia necesidad de construir ahora un Registro Nacional revela uno de los principales problemas: México todavía está tratando de saber quiénes son y dónde están estas víctimas indirectas. El protocolo federal establece una ruta para su protección y restitución de derechos mediante servicios legales, médicos y de asistencia social.
En Coahuila, colectivos que acompañan a las familias aseguran que los programas existentes son insuficientes y que el acceso a ellos depende, en buena medida, de que las familias conozcan sus derechos y tengan capacidad para exigirlos.
“Hemos visto que hay un trato para víctimas de primera y víctimas de segunda. ¿A qué le llamo víctimas de primera? A quienes tienen un grupo, un colectivo y vienen a exigir sus derechos, por eso les va mejor; pero las de segunda son las que vienen solas y no saben que existimos, a ellas les va mal y las dejan abandonadas a su suerte”, afirma a MILENIO Ariadne Lamont Martínez, representante de Justicieras por Nuestras Infancias y Feministas de La Laguna.
La activista advierte que el feminicidio no termina con el asesinato de la mujer. Sus consecuencias pueden aparecer años después, cuando aquellos niños que perdieron a su madre crecen y enfrentan las secuelas de esa ausencia.
“Las infancias nos deberían interesar a toda la ciudadanía. Ahora ya estamos viendo lo que está pasando a los hijos e hijas que ya no son pequeños y algunos están en problemas de conducta muy graves, debería de interesar darle atención a esto”.
Para Lamont, el problema también está en que los apoyos no necesariamente alcanzan a quienes viven lejos de los centros urbanos o desconocen la existencia de los programas.
“Eso nos lleva a que el Poder Legislativo es un deudor de la ciudadanía y también de las infancias en el estado”, añade.
Y agrega: “Los apoyos que dan han sacado adelante a esos grupos organizados y no a la gente que vive en ranchos o comunidades lejanas y que no están enteradas de sus derechos”.
Una madre asesinada deja otra familia que criar
Cristela Soto conoce esa historia desde dentro. Es madre de Daysi Viridiana Martínez Soto, asesinada en 2016 en Torreón, y desde entonces también ha acompañado a familias que quedaron a cargo de niñas, niños y adolescentes después de un feminicidio.
Cuenta que hay casos en los que los apoyos no llegan y que la atención puede volverse más cercana cuando las autoridades detectan que las familias están vinculadas con algún colectivo.
“Dicen que hay muchos apoyos, pero las víctimas nuevas o apenas iniciaron este proceso no tienen”, asegura.
Cristela ha denunciado en repetidas ocasiones, junto con otras integrantes del colectivo Madres Poderosas de La Laguna, que los apoyos establecidos en el decreto estatal no llegan en tiempo y forma.
En abril de 2025, incluso tomaron las instalaciones de la Pronnif en la región como medida de presión. Después de esa protesta, el recurso fue liberado.
El acuerdo establece que el gobierno estatal debe entregar 4 mil pesos bimestrales a los tutores de niñas, niños y adolescentes en esta condición, además de una beca escolar de 2 mil pesos trimestrales y servicios de salud a través de la Secretaría de Salud.
Para quienes rebasan la mayoría de edad, existe la posibilidad de solicitar una prórroga del apoyo extraordinario entre los 18 y los 25 años, siempre que sean solteros y continúen sus estudios de nivel medio superior o superior.
Es una ayuda. Pero para las familias que deben asumir de golpe una crianza que no tenían prevista, el apoyo económico es apenas una parte del problema.
Está la alimentación. Está la escuela. Está la salud. Está la atención psicológica. Está la custodia. Está el duelo.
Y está, sobre todo, la pregunta de quién se hace cargo de ellos cuando la investigación por el feminicidio deja de ocupar los titulares.
La Fiscalía los registra, pero el país todavía no sabe cuántos son
Katy Salinas, fiscal de las Mujeres y la Niñez en Coahuila, explica que, cada vez que se abre una carpeta de investigación por feminicidio, existe un protocolo mediante el cual se notifica a la Pronnif para que realice el registro correspondiente al programa de apoyos.
“Nosotros, como Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, investigamos los feminicidios en todo el estado. Nosotros damos el padrón oficial a la Procuraduría, que tiene a cargo esta estrategia e impulsa este apoyo año con año. Sabemos que no es suficiente, pero se impulsa cada vez más”.
La funcionaria sostiene que la actuación estatal no se limita a investigar los asesinatos, sino que también contempla medidas para prevenir nuevas agresiones contra mujeres.
“Todos los casos de feminicidio están resueltos, pero la lucha es prevenir y por eso tenemos algunas estrategias de prevención como el desarme de agresores. Cada que tenemos una denuncia de las mujeres porque su agresor tiene arma de fuego o de cualquier tipo, realizamos inmediatamente un cateo ordenado por el Poder Judicial o un desalojo ordenado por el Ministerio Público. El año pasado retiramos 75 armas de fuego”.
Pero la prevención no ha significado que los feminicidios desaparezcan.
El año pasado, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, planteó como meta para 2026 llegar a cero feminicidios. Sin embargo, durante la primera semana de septiembre, la titular de la Secretaría de las Mujeres en Coahuila, Mayra Lucila Valdés, reconoció ante medios de comunicación que sumaban ocho casos, uno menos que todos los registrados durante 2025.
Cada uno de esos casos tiene una consecuencia que no termina con la detención del presunto responsable ni con una sentencia. Puede haber hijos. Y México no sabe con precisión cuántos son.
El último gran conteo nacional tiene cinco años
El antecedente nacional más claro permite dimensionar el vacío.
En 2021, un monitoreo realizado con información proporcionada por las fiscalías identificó 829 niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio. La información correspondía a ese año y fue construida con respuestas de 29 fiscalías; otras tres no contaban con información. Un documento legislativo posterior retomó esos datos y confirmó que se trataba de una sistematización correspondiente únicamente a 2021.
Tampoco permite saber cuántos de aquellos niños crecieron, cuántos nuevos casos se sumaron en los años siguientes, cuántos recibieron atención o qué ocurrió con sus familias.
La radiografía de entonces ya mostraba otra dimensión del problema:
- En 37.39 por ciento de los casos el cuidado quedó a cargo de los abuelos
- En 19.06 por ciento, del padre
- Y en 13.03 por ciento, de tíos y tías.
En otro 22.56 por ciento de los casos, las fiscalías ni siquiera reportaron el parentesco de la persona cuidadora.
Es decir, en miles de historias familiares ni siquiera quedó claro quién estaba asumiendo la crianza.
El dato es todavía más revelador porque el feminicidio puede colocar a los hijos en una situación especialmente compleja cuando el padre está relacionado con el crimen o se encuentra sujeto a un proceso penal.
La pregunta que permanece es elemental: ¿quién los cuida después?
Cinco años después, México intenta volver a contarlos
La falta de una cifra nacional actualizada no significa que el problema haya desaparecido. Significa que durante años la información permaneció fragmentada entre fiscalías, procuradurías de protección, autoridades de atención a víctimas y gobiernos estatales.
En marzo de 2026, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia anunció la creación de una mesa interinstitucional para construir el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio.
El objetivo declarado es identificar oportunamente a las víctimas indirectas para garantizar su protección, atención integral y restitución de derechos. En el proyecto participan, entre otras instituciones:
- La Fiscalía General de la República
- La Secretaría de Educación Pública
- La Secretaría de Bienestar
- La Secretaría de Mujeres
- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
- El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
- DIF Nacional
En mayo se instaló el grupo de trabajo encargado del registro y, posteriormente, se conformó otro para articular las políticas públicas dirigidas a esta población. En junio, el DIF Nacionalinsistió en que ninguna niña, niño o adolescente víctima de orfandad por feminicidio debía quedar en abandono institucional.
El gobierno federal también trabaja en la actualización del Protocolo Nacional de Atención Integral, publicado originalmente en 2021.
Y la propuesta de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio contempla precisamente la creación de ese registro nacional y coloca a las víctimas indirectas dentro de la respuesta institucional.
Pero mientras el registro se construye, hay una generación de niñas, niños y adolescentes que ya creció.
Algunos dejaron de ser niños. Otros dejaron la escuela. Otros cambiaron de casa. Otros quedaron bajo el cuidado de sus abuelos.
Y otros simplemente aprendieron a vivir con una ausencia que comenzó el día en que alguien decidió matar a su madre.
El feminicidio no termina con la muerte
El reclamo llegó también al Senado de la República durante las mesas de trabajo para la conformación de una nueva legislación nacional sobre feminicidio.
María Elena de la Fuente, cofundadora del colectivo Madres Poderosas de La Laguna y madre de Cecy Eguía, asesinada en 2014, habló ante legisladores desde la experiencia de quien tuvo que reconstruir su vida después de un feminicidio.
“Tuvimos la oportunidad de revisar esta ley que hoy se está discutiendo y celebramos que existan estas mesas de trabajo. Pero ¿a cuántas de las personas que hicieron la ley les mataron a su hija?, ¿cuántas de ellas saben lo que es volver a iniciar con la crianza de niños y niñas que se quedan sin mamá y papá en un mismo momento?, ¿qué saben de las madres que murieron de tristeza porque no tuvieron acceso a una atención psicológica ni psiquiátrica?, ¿quién es responsable de la muerte de estas madres?, ¿a quién se condena?”
Su pregunta amplía el universo de las víctimas. Porque detrás de cada niña o niño que queda huérfano hay también una persona que debe hacerse cargo de él.
Una abuela que vuelve a criar. Un abuelo que deja de ser abuelo para convertirse en cuidador. Una tía que reorganiza su vida. Una familia que puede perder ingresos. Una persona que debe aprender a explicar una muerte que muchas veces no puede explicar ni siquiera para sí misma.
Y un niño que tiene que aprender a vivir sin su madre.
Coahuila tiene identificados 153 casos. El país tuvo un registro de 829 niñas, niños y adolescentes en un ejercicio realizado en 2021. Pero cinco años después, México está construyendo apenas el mecanismo para saber cuántos son hoy.
La deuda, entonces, no empieza con la falta de un apoyo económico. Empieza antes: con no saber cuántos son. Porque a sus madres ya las mataron.
Lo que sigue debería ser que el Estado sepa dónde están sus hijos, quién los cuida, qué necesitan y qué pasó con ellos después.
El feminicidio mata a una mujer. La orfandad puede marcar toda una vida.
Imagen portada: MILENIO
