El actual Gobierno denunció ante la Fiscalía General de la República la devolución de dinero al narco en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Seis meses antes de concluir la administración del priista, la Unidad de Inteligencia Financiera presuntamente desbloqueó de manera por lo menos 722 cuentas bancarias, entre ellas varias ligadas al cártel de Sinaloa.
Ante ello, dijeron fuentes del Gobierno a Reforma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acudió ante la Fiscalía, así como ante la Secretaría de la Función Pública para presentar la denuncia.
Revisión exhaustiva
Las autoridades federales resaltaron a ese rotativo que luego de una revisión exhaustiva, se detectaron las anomalías, por lo que ahora son revisados cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares.
Fue en junio de 2018 cuando se liberaron todas las cuentas, dijeron los informantes.
Agregaron que se trata de recursos que, a pesar de que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado de dinero, jamás se denunciaron a la entonces Procuraduría General de la República.
Exdirector en la UIF, bajo la mira
Las investigaciones se amplían a varios exfuncionarios, aunque hay uno que está en la mira de las autoridades.
Se trata de Mauricio Moreno Balbuena, exdirector General de Procesos Legales de la UIF, pues, según la información, suscribió una parte importante de estos acuerdos ahora investigados por la SFP.
Abel Barajas destaca en su nota que el exfuncionario es hijo de Mauricio Moreno Vargas, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
Ayuda a Javier Duarte
El nombre de Mauricio Moreno Balbuena comienza a hacer polémica pues este lunes 26 de agosto se reveló que cuando estaba al frente de la UIF ayudó a Javier Duarte.
El 21 de agosto de 2018, el exfuncionario solicitó a la Procuraduría General de la República retirarle al ex gobernador de Veracruz la acusación del delito de delincuencia organizada.
Unos dos días después de la solicitud, Arturo Elías Beltrán, encargado de la PGR, “anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa para cometer peculado, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa”, publicó Reforma.
Fotografía: Cuartoscuro
