Por Eloy Garza González.
Como en un restaurante de cinco tiempos en la Ciudad de México. El chef goza de reconocimiento internacional. No hay menú fijo. Los platillos dependen de la inspiración del chef: sirve al cliente literalmente lo que se le antoja.
Pero veamos el servicio que ofrece este tipo de restaurantes desde el punto de vista de la autoridad pública, concretamente de la PROFECO. La normatividad obliga a todo restaurantero que en su menú detalle claramente lo que ofrecerá a sus clientes. Nada de caprichos del chef que no vengan en la carta con su correspondiente precio. El corte de la carne tiene que especificar su gramaje. Igual el peso del pescado. Si incumple con esos datos será sujeto a sanciones.
La PROFECO podría imponer multas severas por no respeta una larga lista de normas. Esto no prueba que el restaurante donde como engañe a sus clientes, sino que el Estado no tiene derecho a intervenir en un acuerdo entre particulares.
Un gran economista, George Ackerlof, Premio Nobel 2001, inventó un concepto para justificar este tipo de regulaciones estatales: la “asimetría de información”. El productor tiene información que no tiene el consumidor, por lo que el Estado se siente con la obligación de corregir esa asimetría. El gobierno sanciona al dueño del negocio porque (a su modo de ver) está abusando de sus clientes a quienes dice defender, aunque estos estén satisfechos con el servicio que pagaron.
El colmo de esta regulación es la revista que publica al gobierno con nuestros impuestos, en donde la PROFECO determina cuáles productos del mismo género son mejores que otros, con lo que genera una práctica desleal entre la competencia de un mismo giro comercial.
En realidad, la mejor sanción en contra de un producto o servicio en el mercado consiste en que el consumidor deje de comprarlo, o que, por sentirse poco satisfecho por lo pagado, deje de ir a determinado restaurante o bar o antro. Si ya no regresa la mayoría de sus clientes, y pierde reputación, cualquier negocio quiebra. Así de simple, sin necesidad de apoyos o sanciones de la PROFECO que pretende regular arbitrariamente el consumo y abrir así un espacio para la corrupción.
Puede alegarse que la PROFECO adquiere su verdadera importancia en el caso de los monopolios de un bien o servicio. Sin embargo, para que exista un monopolio, es necesario que el propio Estado le otorgue una licencia o permiso exclusivo a un solo productor. Es decir, la culpa de todo monopolio en el mercado es del propio gobierno.
En realidad, lo que debe imperar no es la regulación del mercado por parte de la PROFECO, sino la autodefensa del propio consumidor: si no me gusta el servicio por el que pago, dejo de adquirirlo en el futuro y elijo el de la competencia. El único principio por tanto que debe regir en el consumo es lo que en latín se denomina “Caveat Emptor”, es decir, el consumidor asume el riesgo y decide si vuelve a comprar un producto o un bien, de acuerdo con su nivel de satisfacción, sin que el Estado decida cuál producto es mejor que otro ni se entrometa en el mercado. Ya quisiera ver cómo se le irían encima los comensales del restaurante donde como si al gobierno se le ocurriese sancionarlo cualquier día de estos.
