Al manifestarse a favor de la Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador la asociación civil Reinserta, que trabaja a favor de la reinserción social, consideró que las personas beneficiarias deben ser apoyados para no reincidir.
“Es primordial que el gobierno garantice a las personas beneficiarias que, al salir de prisión, cuenten con los servicios institucionales y apoyo comunitario suficiente para no reincidir”.
Saskia Niño de Rivera, Presidenta y cofundadora de Reinserta, puntualizó que “es necesario priorizar en la amnistía la justicia de las víctimas como prioridad”.
Por ello la inversión en servicios educativos y de capacitación laboral es fundamental en estos casos; así como los principios de justicia restaurativa y procesos de paz. Reinserta reveló que, de acuerdo con un reporte del INEGI del 2017, en 2016 alrededor de 12,715 personas primodelincuentes fueron ingresadas por robo simple.
“La importancia de generar los programas necesarios en materia de reinserción social para la no reincidencia delictiva y la colaboración en las personas privadas de la libertad con las autoridades para agilizar los procesos de investigación de las víctimas”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados el pasado 15 de septiembre una iniciativa de Ley de Amnistía, misma que se pretende sea aprobada en este periodo legislativo.
La propuesta de amnistía de López Obrador se centra en la no criminalización de la pobreza y hace hincapié en la relación que existe entre las condiciones de vulnerabilidad de determinados grupos de la población y el deficiente acceso a la justicia que ello les implica.
De ser aprobada dicha ley, se beneficiarían con amnistía los supuestos de mujeres acusadas por el delito de aborto, así como acusados de delitos contra la salud en diversas modalidades.
En cuanto a delitos contra la salud serían amnistiadas las modalidades de producción, trasporte, comercio, o suministro de narcóticos. También la introducción o extracción narcóticos del país. Lo mismo el delito de posesión de narcóticos para consumo.
Alcanzaría el beneficio de amnistía “quien teniendo como actividad económica principal las labores del campo siembre, cultive o coseche marihuana, amapola, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares”.
Sin embargo, la amnistía únicamente será aplicable para personas que se encuentren en “condiciones de vulnerabilidad, pobreza extrema, contar con alguna discapacidad, haber cometido el delito por instrucción o en compañía de la pareja sentimental, de un familiar y/o haber cometido el delito por temor u obligado por algún grupo de la delincuencia organizada”.
El beneficio es también para cualquier delito cometido “por persona indígena, en caso de que no haya tenido un verdadero acceso a la justicia, no haya contado con un defensor y con un intérprete que conozca y entienda su lengua y su cultura”.
Igualmente, quien haya cometido robo simple y sin violencia, cuya pena no exceda cuatro años.
Alcanzarán el beneficio los acusados de “sedición y delitos relacionados con ideologías políticas y protestas sociales, con la determinación previa de la Secretaría de Gobernación”.
Las exclusiones de esta iniciativa toma en cuenta aquellos casos en lo que se presente reincidencia o se hayan empleado armas de fuego.
“También excluye delitos en los que se haya privado de la vida a otra persona, delitos contra la integridad personal, secuestro y lesiones graves con secuelas permanentes y, en general, aquellos considerados como graves previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Y se aclara que “es muy importante señalar que la ley es aplicable únicamente en el fuero federal, por lo que su impacto e incidencia en supuestos como los del delito de aborto, podría ser muy baja”.
“No obstante, en la propia iniciativa se establece que, a través de la Secretaría de Gobernación, se conmine a los gobiernos estatales a implementar leyes de amnistía de naturaleza similar a la que se propone”.
La cofundadora de Reinserta puntualizó que “es primordial garantizar que al salir de prisión las personas beneficiarias, cuenten con los servicios institucionales y apoyo comunitario suficiente para no reincidir”.
Y señaló que “la inversión en servicios educativos y de capacitación laboral es fundamental en estos casos; así como los principios de justicia restaurativa y procesos de paz; ello para generar acciones integrales que resuelvan el conflicto desde el origen”.
Fotografía: Fifaliana Joy/ Pixabay
