Asambleístas ecuatorianos, con sus respectivas parejas, solicitaron asilo en la embajada de México en Ecuador. Se trata de Gabriela Rivadeneira, el legislador Virgilio Hernández, y un tercero cuya identidad aún no se ha dado a conocer por medio de la sede diplomática donde se encuentran refugiados.
Al respecto, el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, José Valencia, manifestó su sorpresa por el hecho de que Gabriela Rivadeneira esté asilada en la embajada de México, pues además de que no hay orden de arresto en su contra, su cargo le otorga inmunidad.
De acuerdo con Valencia, las autoridades de su país no han recibido nota oficial alguna del gobierno mexicano, pero se enteraron de la solicitud de asilo por la página de Internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Gabriela Rivadeneira es asambleísta nacional de la bancada de la Revolución Ciudadana, y solicitó refugio en la representación diplomática mexicana el sábado pasado.
Contra Virgilio Hernández, allegado al expresidente Rafael Correa, existe una orden de arresto por su posible vinculación con los hechos violentos durante las manifestaciones contra el Decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles.
Dicho decreto fue derogado este domingo por el presidente Lenín Moreno luego de una ola de protestas y disturbios que derivaron incluso en la implementación del Estado de Excepción en el país y del traslado de los poderes políticos a Guayaquil.
Pidió asilo a México por acoso
La legisladora opositora ecuatoriana Gabriela Rivadeneira denunció que fue forzada a buscar asilo el 12 de octubre en la embajada de México en Ecuador por «un verdadero acoso» que militares, policías y agentes de inteligencia del gobierno del presidente Lenín Moreno desataron en su contra, en el contexto de la profunda crisis sociopolítica que estalló el 3 de octubre pasado en ese país.
Rivadeneira, aliada del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, negó en una carta que, como aseguró Moreno, «el correísmo» haya generado el conflicto que azotó Ecuador por el repudio de indígenas, trabajadores, estudiantes y otros sectores a un decreto gubernamental de ajuste económico que eliminó un subsidio a combustibles.
«En lo personal, he padecido un seguimiento extrajudicial en los últimos días, con agentes de la DGI [Dirección General de Inteligencia], carros de la policía, militares y civiles frente a mi domicilio, mi despacho y mis espacios de militancia», relató Rivadeneira, quien fue presidenta de la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) de 2013 a 2017.
«Un verdadero acoso y amedrentamiento que se suman a otros anteriores que denuncié oportuna y públicamente» a la ministra ecuatoriana de Gobierno, María Paula Romo, «sin obtener respuesta alguna», narró la política, de 36 años.
Sin éxito, se intentó obtener una reacción del Ministerio de Gobierno a la acusación de Rivadeneira, reelecta en 2017 como asambleísta por el bloque oficialista de Correa (2007-2017), y Moreno. Tras el ascenso en mayo de 2017 de Moreno a la presidencia, ambos rompieron y son enemigos.
El mandatario acusó que la crisis, que entró a otra fase luego de que Moreno derogó anteanoche el decreto, fue provocada por su antecesor al aliarse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para lanzar un golpe de Estado y desestabilizar a Ecuador; Maduro y Correa lo negaron.
La política describió que el sábado anterior, «en medio de la militarización» y otras medidas que dictó el gobierno, como un toque de queda, «me vi en la obligación de solicitar protección en la embajada de México» en Quito.
Según la opositora, recibió «amenazas, no sólo a mi integridad sino a la de mi familia, incluyendo a mis hijos de 12 y nueve años», lo que catalogó como «inadmisible en mi caso y en el de cualquier persona». La embajada mexicana tampoco respondió una consulta sobre la situación de Rivadeneira. La Cancillería confirmó el sábado que le concedió «protección y resguardo».
