Por Obed Campos.
Seis cuerpos calcinados, uno de ellos, el de una mujer, todavía humeante, en cuatro casos distintos, contradicen cualquier triunfalista versión oficial acerca de que Nuevo León es un estado seguro.
Peor aún, se presume que varias de las víctimas podrían ser comerciantes secuestrados por miembros de la autollamada “maña”.
Total, que el terrorismo es el que sale ganando en Nuevo León, frente a una autoridad encabezada por Jaime Rodríguez, El Bronco, y su inefable secretario de Seguridad, Aldo Fasci, quienes tratan a toda costa de tapar el sol con un dedo.
Y digo que la delincuencia sigue ganando porque no se ha detenido a ningún presunto asesino ni hay sicario siquiera identificado.
La misión del mal está complicada, porque el terror ya está sembrado entre justos y pecadores.
Por supuesto que el estado tiene que: ¿cambiar de estrategia?, ¿tendrá alguna estrategia en el combate a la delincuencia el estado?, ¿estarán de veras preocupados nuestros funcionarios por la paz social?
Lamentablemente los hechos hablan por sí solos: ellos viajan en camionetas blindadas rodeados de guaruras.
El pueblo que se joda.
Otra gravedad penitenciaria
Siguiendo con el tema de la inseguridad, en una faceta no menos importante, la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), que encabeza la hermana Consuelo Morales, pone el cascabel al gato en dos temas de los penales del estado.
Conste que Cadhac es de las pocas asociaciones serias y preocupadas por la justicia en el país, honesta y sin afán de lucro alguno.
Pues bien, la asociación denuncia que lo podrido del sistema carcelario en Nuevo León se pudrió más con la llegada al estado del asesor Eduardo Guerrero Durán, a quien le achacan el operativo de vaciar el ahora ex penal del Topo Chico y la reubicación de sus reos en los otros dos penales.
“Consideramos urgente, por responsabilidad ética, se investigue y aclare señalamientos que se han hecho a Eduardo Guerrero Durán, para que pueda asumir formalmente las decisiones que ahora toma en Nuevo León”, dijo Liz Sánchez, vocera de Cadhac.
Concretamente Cadhac considera que Guerrero Durán y su gente no deberían de participar en la supuesta búsqueda de fosas clandestinas en los terrenos del Topo Chico.
Eso es por un lado, porque por el otro, la hermana Consuelo denuncia que para no ser “molestado”, es decir, golpeado o hasta violado, un reo tiene que pagar cantidades de hasta 4 mil pesos a los malandros que controlan el penal de Apodaca.
Cadhac denunció que el pago de la cuota se hace a través de un depósito en tienda de conveniencia y que el recibo de este depósito se fotografía y se envía por mensajería instantánea a cierto teléfono celular para que sirva como prueba del pago.
“¡Es toda una organización delincuencial!”, denunció Morales.
¿Y el gobierno?
