La sentencia contra el contra del académico, investigador y columnista Sergio Aguayo afectaría seriamente la libertad de expresión, advirtió la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
Al columnista se le sentenció a pagar 10 millones de pesos al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien lo demandó por daño moral.
Para Jan Jarab, representante en México de ONU-DH, la decisión acarrea un riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que sugirió realizar cambios normativos para evitar la autocensura.
Exorbitante, el monto que se le ordena pagar a Aguayo
En un pronunciamiento, ONU-DH señaló que la sentencia puede afectar seriamente la libertad de expresión en México, particularmente por el monto exorbitante que se le ordena pagar al periodista: «Puede afectar seriamente la libertad de expresión en México»
Asimismo, advirtió que «la reacción cautelosa de la prensa ante esta sentencia puede ser una muestra de este efecto intimidatorio».
Efecto silenciador para futuros señalamientos
Jan Jarab advirtió que la sentencia al periodista puede traer un «efecto silenciador para futuros señalamientos sobre la actuación de funcionarios púbicos que pudieran tener responsabilidades en relación con violaciones de derechos humanos,».
Ello debilitaría la rendición de cuentas pues una de las razones por las que Moreira demandó a Sergio Aguayo fue porque el columnista dijo que el exgobernador sería responsable «por lo menos por omisión, de graves violaciones de derechos humanos perpetrados bajo su gestión».
Para ONU-DH la llamada ‘protección del honor’ de «destacadas personalidades» contrasta con la falta de respeto hacia la presunción de inocencia en genera.
Ello cuando las autoridades hacen afirmaciones que estigmatizan o criminalizan a personas que no pertenecen a la élite, incluidas a las propias víctimas de delitos y graves violaciones de derechos humanos.
Llamado a adecuar la legislación civil
El representante de la ONU-DH exhortó a las autoridades federales y estatales para adecuar la legislación civil relacionada con protección al derecho al honor y reputación.
Ello luego de destacar que la de Moreira se suma a una serie de demandas y sentencias por daños al honor y reputación, “promovidas en contra de voces críticas”.
El organismo pidió llevar a cabo las necesarias adecuaciones «para garantizar que el ejercicio de la libertad de expresión y opinión no sea objeto de censura».
Protección al honor y reputación
Jan Jarab recordó que los estándares internacionales son claros y determinan que los procedimientos civiles deben incluir criterios que impidan que la protección al honor y reputación.
Asimismo, «bienes tutelados por los sistemas regional y universal de derechos humanos se vuelva una herramienta de censura a quienes investigan e informan sobre las conductas de servidores públicos».
Recordó que ha recomendado al Estado mexicano realizar reformas legislativas para eliminar delitos que apliquen para criminalizar la libertad de expresión
Además, estipular en los códigos civiles «límites y criterios para las sanciones, conforme a estándares internacionales».
Fotografía: Margarito Pérez Retana/ Cuartoscuro
