Por José Jaime Ruiz.
1.- El 18 de octubre publiqué:
“Para el gabinete de seguridad, Guzmán López nunca estuvo formalmente detenido, con esto quieren exculparse y exculpar al presidente de responsabilidad penal. Si no existió una detención, y más allá de la capitulación, existió un secuestro de un ciudadano por tres o más personas, lo que equivale a delincuencia organizada. Por la evidencia, la Fiscalía General de Alejandro Gertz Manero ya debiera abrir un expediente, un juicio de procedencia, que llegaría al presidente con un juicio político, porque ahora puede ser juzgado por otras razones, en este caso delincuencia organizada, y no sólo por traición a la patria.”
2.- “¿El gabinete de Seguridad y el presidente se declararon confesos de un delito? Quieren sortear la aplicación de la ley del Código Penal federal”:
3.- “Si el presidente, que avaló cada uno de los actos del gabinete de Seguridad, sigue la línea de la ‘no detención’, para salvar jurídicamente el pellejo (si no estaba detenido, por qué ordenar su liberación), nada lo exime de avalar el secuestro, la privación ilegal de la libertad de Guzmán López, lo cual lo convierte en cómplice en una delincuencia organizada. Todos los funcionarios confesaron. ¿Quién hace la denuncia?”
El mismo día de mi columna, el Partido Acción Nacional hizo la denuncia, aunque la dieron a conocer el día de ayer:
En la mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se mostró dispuesto a comparecer:
“Lo del jueves demostró que hay un cambio verdadero y vamos a fundamentar el por qué se actúa de esta manera, y estoy dispuesto a comparecer. Sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, si así lo solicita, para ir a dar a conocer, a exponer mis razones del por qué no a la violencia”
La comparecencia ante la Fiscalía General de la República sólo podrá mostrar dos cosas. Uno, que Andrés Manuel y su gabinete de Seguridad violaron la ley al facilitar la evasión de un presunto delincuente que tiene una orden de aprehensión con fines de extradición. Dos, que López Obrador fue cómplice de privación ilegal de la libertad de un ciudadano lo cual califica como delincuencia organizada ya que también participó su gabinete de Seguridad.
Sea cual fuere el desenlace jurídico de esta tragedia, AMLO siempre nos dijo que no tenía derecho a fallar. Pues falló. Como en sexenios anteriores, aquí también hubo terribles daños colaterales y sin resultados. La política de la 4T, lo ha repetido insaciablemente Andrés Manuel, ha sido la de la reinserción social, no ir, como se hacía antes, espectacularmente contra los capos, los barones de la droga. ¿Por qué –y quiénes– torcieron la política de López Obrador al “tratar de aprehender” a un simbólico, pero de menor rango, Ovidio Guzmán López? Contubernio, complot, trampa, traición… Y todavía falta desmenuzar la narrativa mayor que pasa por la posible reelección de Donald Trump y la jugosa, y macabra, industria armamentista. Eso lo atenderé en otra columna.
