Como ya es común en el trabajo legislativo, los diputados del Congreso Local tendrán que legislar a marchas forzadas todas las leyes y asuntos pendientes para la última etapa del periodo ordinario. A casi un mes de concluir el primer periodo del segundo año de la Septuagésima Quinta Legislatura, los representantes del pueblo trabajarán marchas forzadas.
En un tiempo récord tendrán que resolver la sanción al Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, y el Secretario General del Gobierno, Manuel González Flores; tendrán que sacar adelante la Ley de Movilidad, que se encuentra estancada por diferencias entre bancadas; y llevarán a cabo el análisis del Paquete Fiscal para el 2020. Además, tendrán que ver forzosamente todas las cuentas públicas de los diferentes entes de Gobierno, y tendrán que ver lo relacionado con la legítima defensa en negocios, la cual ya va encaminada.
Todo esto se fue atrasando debido, primero, al movimiento de diputados de una bancada a otra; segundo, debido a los desacuerdos entre comisiones para sacar adelante los temas; y tercero, al limitado presupuesto que habrá para el 2020.
En torno al caso del ordenamiento de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los diputados aún no saben cómo van a proceder, pues con las suspensiones de amparos se ven imposibilitados a sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores por el desvío de recursos en las “broncofirmas”.
En cuanto a la Ley de Movilidad, las comisiones de Desarrollo Metropolitano y Desarrollo Urbano realizarán su propia iniciativa para la nueva Ley de Movilidad, mientras que Julia Espinosa, al frente de la Comisión de Transporte, elaborará un anteproyecto basado en la propuesta de Morena. Este desacuerdo entre comisiones ha provocado que la ley se encuentre estancada sin fecha segura para salir adelante.
En torno al Paquete Fiscal para el 2020, el Tesorero del Estado Carlos Garza Ibarra, entregará la propuesta el próximo martes 20 de noviembre.
De acuerdo con lo señalado hasta el momento, la administración encabezada por Jaime Rodríguez Calderón pretende un presupuesto por 105 mil 218 millones de pesos, solicitud que entrará en análisis para especificar a quién le cumplirán lo deseado y a quién no, además de qué programas desaparecerán y cuáles seguirán.
Y en el tema de cuentas públicas, todas se encuentran pendientes, pues ninguna comisión hacendaria ha citado a mesa de trabajo para comenzar con su revisión.
Se espera que, para los últimos días del período de sesiones, los legisladores estén a altas horas de la madrugada sacando todos estos asuntos.
