Karen Longaric, ministra de Relaciones Exteriores boliviana informó que se entregarán salvoconductos a 24 simpatizantes de Evo Morales para que viajen a México. De acuerdo con la canciller designada por la presidenta interina Jeanine Áñez, originalmente iban a ser 26 salvoconductos, pero “algunas personas han abandonado el asilo diplomático” de que gozaban en la embajada mexicana en La Paz.
Longaric evitó dar los nombres de quienes recibirán los documentos para salir de Bolivia, pero adelantó que “son personas de alto perfil político del Movimiento al Socialismo (MAS)”, del depuesto Morales.
Por otra parte, la Conferencia Episcopal Boliviana convocó a la pacificación del país a los sectores sociales movilizados de las últimas semanas y a representantes del gobierno de Áñez. La CEB se pronunció a favor de realizar nuevos comicios en el país y la selección de otros vocales para integrar al Tribunal Supremo Electoral.
“El diálogo es el camino apropiado para superar las diferencias entre bolivianos, por ello llamamos a acudir a esta convocatoria. Celebrar nuevas elecciones, transparentes y confiables, es el mejor camino para superar las diferencias de forma democrática y pacífica”, informó citado por el sitio noticioso Página Siete.
De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de Bolivia, al menos 23 personas han muerto y 715 han resultado heridas durante las protestas y manifestaciones registradas en Bolivia.
Los simpatizantes de Morales han expresado su rechazo al gobierno de Áñez, desde que el ahora expresidente dimitió a su cargo para evitar derramamiento de sangre ante los cuestionamientos a los resultados de las elecciones del 20 de octubre en los que resultó electo.
El sábado el gobierno de Áñez, publicó un Decreto Supremo que le permite a las Fuerzas Armadas inmiscuirse en la seguridad interior, reprimir las movilizaciones contra su mandato y quedar “exentos de responsabilidad penal”.
Los diputados simpatizantes de Morales han informado su intención de revertir la medida de la autoproclamada mandataria, al calificarla como una “licencia para matar” que se les dio a los integrantes de los cuerpos de seguridad bolivianos.
