La autoridad fiscal ha recibido 50 amparos en contra de la reforma penal en la materia, misma que equipara como delincuencia organizada la emisión de facturas falsas, informó la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
En el segundo Congreso Nacional de Reformas 2020, organizado por Thomson Reuters, el procurador Carlos Romero Aranda dijo que son contribuyentes inconformes con la ley para combatir la compra venta de facturas.
Detalló que de esos 50 recursos, sólo a una persona le otorgó la suspensión un juez del Estado de México, es decir, logró que no se le apliquen las disposiciones conforme a las reformas a diversas leyes de delincuencia organizada, seguridad nacional y Códigos Fiscal y Penal, hasta que se resuelvan los recursos, pero ello no significa que ya le ganó al fisco.
Recordó que también hay acciones de constitucionalidad sobre el tema de las factureras que interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el grupo parlamentario del PAN en el Senado, y por separado la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la presidencia anterior a la actual.
Romero Aranda manifestó que es un tema novedoso en el que nadie tiene argumentos para cuestionar que la defraudación fiscal vulnere la seguridad nacional. «En las guerras económicas en donde no hay dinero en las arcas públicas da lugar a una situación de seguridad nacional», apuntó.
Respecto a los amparos, dijo que también hay contra la cancelación de sellos digitales, del tope de ingresos deducibles, por el esquema reportable y la cláusula antielusión en los que se sabe que a uno se le concedió la suspensión.
Infiltrados. El procurador explicó que los empresarios que pagan en tiempo y forma sus impuestos y contribuciones en materia de seguridad social, como IMSS e Infonavit, no tienen por qué preocuparse. La reforma penal fiscal es para ir por las cabezas de los grupos de defraudadores que operan como delincuencia organizada.
Citó el caso en el que la PFF logró acreditar para que la Fiscalía General de la República (FGR) desmantelara a una banda de factureros en Metepec, Estado de México. Se utilizó al Ejército y la Marina con tácticas de inteligencia y de escuchas e infiltrados, así como testigos protegidos para señalar a la cabeza de la organización.
Anticipó que pronto tendrán muchos casos en los que estuvieron involucrados funcionarios públicos que desviaron recursos, quienes deberán enfrentar penas mayores para ilustrar sanciones ejemplares en donde se hizo un uso indebido de sus facultades.
Así es como la procuraduría está aprehendiendo a una persona cada cuatro días por un monto defraudado en promedio de 11 millones de pesos. Además, el abogado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está ganando 92% de los casos en los tribunales.
Acuerdos reparatorios. Romero Aranda añadió que para quienes no son factureros y por un error cayeron en las garras de un defraudador, hay acuerdos reparatorios. Recordó que en toda la historia de la procuraduría fiscal, sólo se han firmado 20 de estos acuerdos con contribuyentes que reconocieron su omisión y pagaron.
No cualquiera puede llegar a un acuerdo con la autoridad, pues está prohibido que sea por una segunda vez. Tampoco procede si se trata de un facturero o involucrado en lavado de dinero.
