La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en apoyo a la industria automotriz, rechazó la Ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California, aprobada el pasado 27 de febrero, con lo cual se busca regularizar vehículos ilegales.“
La Ley legaliza el contrabando de vehículos en Baja California y contraviene el marco jurídico federal, por lo que implementar un Instituto como el planteado iría aún más allá de una pretendida regularización, ya que se persigue instituir un mecanismo paralelo que metódicamente será condescendiente con aquellos que violan la ley”.
La Confederación recordó que el pasado 30 de diciembre el gobernador Jaime Bonilla Valdez remitió al Congreso local una iniciativa para «regularizar» vehículos que entran al país de contrabando, legislación que fue aprobada el 27 de febrero pasado por el Poder Legislativo bajacaliforniano.
De esta manera, dijo la Coparmex, «se da luz verde y fomenta una constante situación de ilegalidad, plasmando con ello un mensaje de impunidad en el país»
Advierte que la política federal es de combate a la corrupción, por ello, considera que es inconsistente apoyar cualquier acción que emane de un acto de ilegalidad.
Así hizo un llamado a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Hacienda para hacer respetar el Estado de derecho y «sea observada la supremacía normativa existente, para evitar que Baja California transgreda las facultades de la federación y principios constitucionales».
Reiteró que la ley presentada por Jaime Bonilla Valdez y aprobada por el Congreso de Baja California viola los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad en el pago de contribuciones y cumplimiento de obligaciones aduaneras, cuando pretende regular la ilegalidad y el contrabando.
Ante la irregularidad, afirmó, el Ejecutivo debe advertir y en su caso sancionar a los funcionarios públicos de Baja California, ya que de aplicarse la ley en comento serán acreedores a las sanciones del delito de contrabando y la aplicación de la Ley Federal de Delincuencia Organizada.
Finalmente, dijo que la nueva ley, el gobierno de Baja California, reta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al violar principios constitucionales con su Ley registral de vehículos ilegales.
