Para reparar los daños a la infraestructura urbana que provocó el paso de la tormenta tropical Hanna, y ante la crisis económica que generó la pandemia por el covid-19, la bancada del PRI del Congreso Local urgió a concluir el proceso legislativo para que entre en vigor la Ley de Emergencia Económica.
Francisco Cienfuegos Martínez, coordinador de la fracción, se comprometió a cabildear con los demás grupos legislativos la posibilidad de acelerar el trámite de la segunda vuelta de la reforma a la Constitución, como base para crear la Ley de Emergencia Económica.
Esto le otorgaría al Ejecutivo la facultad de proteger la economía de las personas, así como la continuidad productiva y laboral del estado.
«Ya vivimos una crisis económica por la contingencia sanitaria y ahora se suman los daños de Hanna, lo que debe motivarnos a aprobar de forma definitiva la Ley de Emergencia Económica, incluida la reforma constitucional, para que Nuevo León emita su propia Declaratoria de Emergencia y unir esfuerzos el gobernador, diputados, alcaldes e iniciativa privada para enfrentar situaciones críticas como las que hoy padecemos».
«La ley contempla una coordinación entre gobierno e iniciativa privada crucial para enfrentar este tipo de crisis, además de establecer un fondo para aminorar los estragos de la emergencia, y es aquí donde, incluiría que dicho fondo se amplié del uno por ciento que contempla la iniciativa, al dos por ciento, es decir, a 2 mil millones de pesos del presupuesto anual, para resolver daños o falta de infraestructura, que resulte de contingencias de desastres naturales como las que estamos viviendo», planteó Cienfuegos.
Dijo que el Grupo Legislativo del PRI respalda la exigencia del gobernador para que el gobierno federal envíe recursos del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) que permitan enfrentar los daños causados por Hanna, pero advirtió que es necesario que Nuevo León construya sus propios mecanismos de apoyo para no depender del centro.
«Un estado como Nuevo León, con mujeres y hombres de trabajo, necesita depender menos del gobierno federal, sobre todo de la actual administración, cuyas prioridades no son ni la salud, ni la economía de los mexicanos; además que las participaciones federales no nos las regalan, sino que son producto de lo mucho que trabajamos los nuevoleoneses», advirtió.
Cienfuegos insistió en que es urgente reconfigurar el Pacto Fiscal para realizar una distribución justa y equitativa de las participaciones federales y con ello las entidades federativas ya no dependan tanto de la federación.
Además, se generaría una sana competencia en la generación de programas de inversión pública productiva entre los estados del país.
«Buscaré que la propuesta hecha por un servidor hace un par de meses se ponga en la mesa, relativa a una distribución justa del Fondo General de Participaciones, y que en lugar de la distribución actual de 80% para la Federación y 20% para los estados y municipios, sea 78% para la federación y 22% para las entidades, y que de ese 78% la federación subsidie a los estados menos productivos», puntualizó el Coordinador del GLPRI.
