El Consejo Consultivo del Agua (CCA) A.C., advirtió que si son aprobadas las iniciativas de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, amenazarían la gobernabilidad del agua en México y advirtió sobre la improcedencia, inconveniencia e inconstitucionalidad de las cuatro iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados.
Por ello el CCA le hizo ver a la doctora Blanca Jiménez Cisneros, Directora General de la Comisión Nacional del Agua, su postura sobre las cuatro iniciativas presentadas, o en proceso de presentarse, en el Congreso para reformar la Ley de Aguas Nacionales o para la creación de la nueva Ley General de Aguas.“Todavía tenemos en nuestro país cerca de 10 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua y mucho más mexicanos que no cuentan con el servicio de saneamiento. Esto debería ser una prioridad y no lo es en las iniciativas” Consejo Consultivo del Agua
Mediante un boletín de prensa en el que el CCA señala manifestar “su preocupación”, advirtió que en primer lugar, ninguno de los proyectos presentados va orientado a cumplir a cabalidad con el mandato derivado de la enmienda al Artículo 4to de la Constitución Política en el año 2012, en donde se establece la obligación del Estado Mexicano de cumplir con el Derecho Humano al Agua Universal.“En estas iniciativas se advierte un profundo desconocimiento del sector. En este sentido su aprobación podría resultar peligroso, ya que su contenido vulnera la autoridad del Estado mexicano en materia de agua; incluso, de acuerdo con la Barra Mexicana de Abogados, estas propuestas presentan elementos abiertamente inconstitucionales y debilitan el Estado de Derecho” Consejo Consultivo del Agua
El Consejo consideró como “gravísimo” que dichas iniciativas no respondan a la necesidad de resolver los problemas críticos del agua en México, y que se agravan año con año, como son el estrés hídrico; la creciente gravedad en la contaminación de los ríos y lagos; la sobreexplotación de los mantos friáticos; los impactos en salud por los altos niveles de metales pesados que contienen varios acuíferos en zonas sobreexplotadas amplias del país, así como la calidad del agua potable en las tomas domiciliarias, entre otros más a lo largo y ancho del país.
Además el CCA subrayó que estas iniciativas trivializan la necesidad de contar con certeza jurídica para sostener el funcionamiento de la industria y del campo mexicano y limitan al mínimo la participación de la CONAGUA en lo relativo al otorgamiento y renovación de concesiones.“Además, el CCA considera que las iniciativas presentadas contienen elementos que no solo amenazan la gobernabilidad del sector hídrico, sino que también afectan la actividad económica, el bienestar de las poblaciones e incluso a la paz social” Consejo Consultivo del Agua
Señala que también plantean exigencias irreales en la eficiencia del uso del agua en las actividades agrícolas y fuertes limitaciones a las concesiones de agua, lo que pone en riesgo la producción agropecuaria de México.
Y que se pone en riesgo la gobernabilidad del agua y su gestión, dado que se busca otorgar el papel de gestión local “a la ciudadanía” para la toma de decisiones complejas, sin evidencia técnica o científica para un bien nacional.“El tema hídrico es sumamente complejo y delicado, requiere muchísima más discusión y un acuerdo amplio que incluya a todos los actores relevantes en la materia. Deberemos de asegurar que la gestión del agua sea una palanca para conseguir un desarrollo sustentable e incluyente, en donde enfrentemos todos juntos con éxito a la crisis hídrica que hemos abandonado por tanto tiempo” Consejo Consultivo del Agua
Asimismo, porque debilita la autoridad del estado y la capacidad institucional de la Comisión Nacional del Agua, creando una arquitectura institucional compleja que implicaría altos costos y crearía graves dificultades en la coordinación.
El Consejo Consultivo del Agua consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está en lo correcto al afirmar que el marco jurídico del agua no deberá de considerarse para modificación antes del año 2022, a menos que se cumpla con el mandato constitucional pendiente desde 2012, que “bajo ningún motivo, es sinónimo de abrogar la Ley de Aguas Nacionales vigente”.
Y subraya el CCA que es mucho más urgente atender los severos problemas del sector con una política pública acompañada de presupuesto suficiente, que cambiar el actual marco jurídico.
