Es un enorme absurdo que en el gobierno del estado pretendan resolver los problemas de movimiento de personas y mercancías en la ciudad estudiando los efectos y no las causas.
La más mínima lógica indica que la movilidad es un efecto, un resultado, una consecuencia de la actividad económica, como también debe reconocerse que los problemas involucrados en la movilidad son un elemento de costos sumado a cada transacción económica.
En tanto las autoridades del ramo del desarrollo de ciudades no dispongan de instrumentos de intervención para corregir las distorsiones por el estilo actual “laizzes faire” de la administración del crecimiento de las metrópolis no existe opción posible, ya no se diga para revertir sino sólo mitigar los grandes problemas de movilidad en los que estamos metidos.
Las políticas públicas aplicadas al desarrollo urbano basadas en el “zoning” son una verdadera burla pues se dedican más a prohibir que se salten algunos parámetros de construcción de los desarrollos más que al aseguramiento de un entorno urbano eficiente y de escala humana. Basta echarle una mirada rápida al plano de Monterrey para percatarse de ello.
La única parte de la ciudad que posee una dispersión racional y ordenada del espacio, en la que confluye una mezcla de usos de suelo que satisface las necesidades de la sociedad así como las del crecimiento de la actividad económica es la que corresponde al polígono de la “ciudad antigua”, que se delimita por las calles Gonzalitos, Félix U. Gómez, Ruiz Cortines y la calle 2 de Abril en la Colonia Independencia.
No en balde moverse en la ciudad hasta antes de los 70´s del siglo pasado era sencillo y rápido, gracias a una traza ortogonal ajustada y diseñada para una gran versatilidad en la selección de rutas de viaje, sea en auto, colectivo o a pie.
A partir de esa época empezó la “dictadura del mercado” y los únicos intereses que prevalecieron fueron los de los terratenientes urbanos y los planes de desarrollo se hacían para llenar el expediente legal pero en la práctica y gracias a la dificultad para definir la utilidad pública cada quien hizo lo que deseaba con sus pedazos de tierra y las consecuencias están a la vista.
Uno de los ejemplos más lamentables de la inoperancia de la políticas públicas en materia de desarrollo de ciudades y de los instrumentos jurídicos conexos es el municipio de San Pedro.
Diseñada como una “ciudad jardín”, San Pedro fue modelo digno de imitarse hasta que llegaron las consultas públicas amañadas y la micro-zonificación y ahora es el “Manhattan” del área metropolitana claro que sin actualizar la infraestructura de movilidad, la antes ciudad modelo ahora es un desastre urbano.
No se requiere un nuevo plan que se tardaran 2 años en elaborar y que será realizado por supuestos “expertos” que ni siquiera viven por aquí, se requiere un marco innovador de política y una estructura de incentivos y castigos que obliguen a los dueños de las tierras a internalizar todas las externalidades conferidas a la sociedad debido a sus decisiones de negocio corrigiendo con ello las distorsiones y subsidios cruzados originados en la laxitud de la acción ejecutiva diletante de los gobiernos locales.
Se puede empezar ya con un programa de acción de corto plazo fondeado a partir de los impactos causados por cada agente económico que interactúa con las vías publicas, así como acabar con la especulación de los espacios inertes que ya cuentan con recursos de infraestructura publica y que no producen excedente alguno para la sociedad.
Sí es posible detener, mitigar y hasta revertir el deterioro de nuestra ciudad si se combina el talento urbanístico e ingenieril local con solo poner la voluntad política y el beneficio de la sociedad por encima de la rentabilidad privada de algunos.
