Por Guillermo Colín
Con un creciente malestar por la atroz incertidumbre que comporta el rumbo que conlleva el manejo (y sobre todo la manipulación aviesa) de la actual contingencia sanitaria, sectores de la población regiomontana empiezan a organizarse para manifestar su descontento con las actuales políticas públicas de salud.
Es otra sociedad. No la que algunos “estudios” la quieren culpar de negligencia, indisciplina y falta de responsabilidad para confinarse por meses enteros sin un asertivo por qué o para cuando y sin parámetros constatables (Cfr la medida para que reabran restaurantes y centros comerciales al 35 por ciento de su capacidad, ¿cómo miden esto? ¿Por qué no un 38 o un 42 o un 53 por ciento?).
En particular los rebeldes proponen este 19 de agosto a las 18 horas una marcha por la salud y la verdad que partirá de las calles Juárez y Ocampo de la capital regiomontana, convocada entre otros por el diputado federal Santiago González del PT.
Esta marcha viene precedida de una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado sometidas para su aprobación al Congreso del Estado por parte del presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, sede Nuevo León, Dr. Ulises Treviño.
Buscarían establecer sanciones a quienes desacrediten gratuitamente el uso del dióxido de cloro y otras sustancias alternativas que están probando su eficacia en el manejo y recuperación de pacientes con COVID-19 al tiempo que el establishment médico y de funcionarios de salud pública, denuesta y desaprueba su uso con falacias y propaganda sucia para confundir a los ciudadanos y desalentar su uso.
Una particularidad adicional es que dichas sanciones buscan ser aplicadas incluso a particulares “difamantes de alguna sustancia o producto que esté dando resultados médicos, sin algún sustento y para causar pánico en las personas”. Desde luego también aplicaría “a personas con cargos públicos que desprestigien estudios del dióxido de cloro y difaman con algo que no les consta”.
Lo anterior debido a que seguidores de burócratas estatales de toda laya antagonizan contra el uso de dicha sustancia sin fundamentos. La iniciativa bien podría ser aprobada con una adición que impidiera que también sin fundamento algún medicamento pudiera ser colocado por autoridades sanitarias, arbitrariamente y sin el protocolo indicado, en la lista de medicamentos controlados y de venta bajo prescripción médica.
Es el caso de un desparasitante (Ivermectina) de muy bajo costo que según el propio secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, sirve “solamente para aniquilar a los piojos” y que a partir de que dicho fármaco se hiciera famoso por su exitosa utilización alternativa contra el COVID 19, fue retirado de la oferta farmacéutica pública y ahora comparte anaqueles con medicamentos controlados.
¿Por qué se tolera al secretario de la O esta flagrante contradicción sólo para estar a tono con la industria farmacéutica que busca proteger su negocio?
El gobierno de El Salvador en cambio no tiene empacho alguno en regalar la Invermectina a todo positivo del virus que lo desee. Detrás puede ser previsible una enorme trama de corrupción. Tal parece que al menos en Nuevo León a cualquier sustancia que pruebe alguna eficacia contra el COVID-19, las autoridades de salud de la entidad lo satanizan y prohíben.
A los adeptos del dióxido de cloro dicha prohibición les tiene sin cuidado. El también llamado CMS no es un medicamento por lo que su venta y uso no está regulado. Lleva más de 100 años siendo utilizado con fines terapéuticos y en la proporciones indicadas no se ha reportado ni un solo caso adverso de reacción secundaria que esté documentado.
Las autoridades sin embargo para provocar mayor confusión entre la población, propalan y dejan correr la versión que dicha sustancia es el popular cloro que se utiliza para lavar la ropa, el cual si es ingerido lógicamente si puede ser muy tóxico. Pero aunque comparten nombre son sustancias diferentes, como confundir al agua oxigenada con el agua natural o con el agua mineral.
En el trasfondo se ubica la gran opacidad con la que el gobierno del estado está manejando los recursos a su disposición para confundir a la población, la cual desconoce en última instancia el tratamiento o los protocolos que está siguiendo el sector salud en NL (que para el caso y para Ripley es lo mismo en todo el país).
Se sabe solamente que hay una política de intubaciones masivas las que en su mayoría desembocan en muertes, pero nada de los procedimientos que se siguen para salvarles la vida. Muchos de los deudos afirman que todo lo que les entregan sin explicación son bolsitas de tierra que les dicen contienen los restos incinerados sin autopsia previa de los fallecidos.
Es una franca contradicción que el gobierno de AMLO que se dice propulsor de la transparencia no haya volteado su mirada a lo que tanto dolor político de cabeza le está ocasionando. Cabe plantear la cuestión de forma abierta: ¿es AMLO rehén o cómplice del “Big Pharma”?
Ya no hay ni modo de conceder el beneficio de la duda cuando se observa que México ha seguido en todo los dictados de la OMS y aún de Bill Gates de Microsoft (a quien miles denostaron en la pasada marcha de protesta en España contra la vacuna COVID). “Convence a todos de que están infectados. Convéncelos de que necesitan sus medicamentos y vacunas, y si no muestran signos de enfermedad convéncelos de que son asintomáticos” es el credo de Bill Gates, un multimillario mesiánico eugenésico que busca reducir la población planetaria acabando primero con los mayores de 60 años, dicho abiertamente por él mismo en CNN.
Haría bien el Monterrey provinciano en asomar la mirada a realidades que están sucediendo frente a sus ojos y poco percibe de ellas. La famosa frase “Quédate en casa”, seguida del “acostumbrarnos a la nueva realidad” no son engendros publicitarios surgidos de López Gatell o de la secretaria de Salud mexicana.
Venían ex profeso consignadas en un kit proporcionado por la OMS para repetir a los cuatro vientos. Al mismo tiempo que esas frases se divulgaban en México se difundían de forma simultánea en la India, Vietnam, Ghana, Sudamérica, y el mundo entero, junto con la advertencia copiada a los chinos de incinerar a los cadáveres, no usar antinflamatorios y no realizar autopsias. Fue la rebeldía médica y la curiosidad científica de los italianos la que descubrió que en realidad había que hacer todo lo contrario, que no era necesario el confinamiento (de los sanos) y que el proceso inflamatorio de las vías respiratorias provocado por el COVID-19, era sanable durante las primeras 48 horas de presentar los primeros síntomas.
Ante ello ya hay numerosos protocolos alternativos de éxito: de la doctora Barrientos en El Salvador, del doctor Restrepo en Colombia, de la doctora Chinda en Argentina y del doctor Fredy Carrillo en Honduras. ¿Y en México? Ni una mirada de curiosidad científica al menos. Sólo acrimonia y rechazo.
