Para atender adecuadamente el daño ecológico que representan las baterías de desecho, el Grupo Legislativo del PRI presentó una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental del Estado para que se establezca como obligación de las dependencias públicas tener, por lo menos, un contenedor de estos residuos.
El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa dijo que esta modificación a la ley alcanzaría a los comercios dedicados a la venta de estos artículos para que cuenten con depósitos específicos.
Al entregar el documento en la Oficialía de Partes del Congreso Local, el legislador dijo que se trataba de adicionar a la ley esta obligatoriedad en el artículo 172 Bis 2.
«En específico existe un problema al que poco se le ha puesto atención y que resulta de gravedad, es el manejo que se les da a las pilas y las baterías, que son consideradas por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, como residuos de manejo especial o bien residuos de manejo peligroso».
«Estos residuos pueden contener sustancias que dañan, en primera, el medio ambiente, el agua e, incluso, pueden llegar a dañar a los animales y hasta al ser humano», agregó.
