Se aplazó hasta el 14 de enero la audiencia final de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido en julio en Estados Unidos.
El aplazamiento de la audiencia del político mexicano fue informada hoy 27 de octubre, luego de que se tenía contemplada como fecha tentativa el 10 de noviembre próximo.
La decisión fue tomada por la juez Laures Fleischer Louis de la Corte de Distrito de Florida, en una audiencia que se celebró petición de la defensa, que solicitaba un cambio en la fecha de la audiencia de extradición.
Como se recordará, a la defensa de César Duarte se le concedió una prórroga para presentar hasta el 3 de noviembre sus alegatos para evitar la extradición del exgobernador.
Se informó en la Corte de Florida que si bien, se llevarán a cabo audiencias previas, la audiencia definitiva tendrá lugar hasta el 14 de enero.
César Duarte, detenido en Florida
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, fue detenido en Miami, Florida, Estados Unidos, el pasado 8 de julio, con fines de extradición a México.
El ex funcionario debe responder por cargos de malversación agravada y conspiración, cometidos presuntamente en su gubernatura.
En el sexenio pasado, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) presentó 8 peticiones de extradición, todas ellas solicitadas por el gobierno de Chihuahua.
Los abogados de César Duarte solicitaron la liberación bajo fianza bajo estos argumentos:
- Señalaron que César Duarte ha colaborado con el gobierno de Estados Unidos desde 2017, cuando iniciaron las acusaciones en su contra.
- Dicen que las medidas impuestas por la pandemia del coronavirus en la prisión donde se encuentra Duarte obstaculizan su “capacidad para preparar su defensa”.
- Advierten que la naturaleza “no violenta” de las acusaciones en contra de Duarte «constituyen una circunstancia especial».
No obstante, ninguna de las argumentaciones fueron aceptadas por la juez del caso y rechazó la moción.
La Fiscalía de Chihuahua ha obtenido de jueces locales 21 órdenes de aprehensión contra Duarte, por su probable responsabilidad en el delito de peculado agravado, derivado de un desvío de recursos públicos durante su administración por mil 200 millones de pesos.
