La Fiscalía General de la República rechazó a Rosario Robles Berlanga la posibilidad de negociar un procedimiento abreviado para reducir su condena por el ejercicio indebido del servicio público, por lo que irá a juicio. Tampoco le permitió a Robles ampararse de un criterio de oportunidad que le ayude a no ser acusada por otros delitos a cambio de entregar información que ayude en la investigación de la “Estafa Maestra”.
La FGR determinó que no se cumplen con los requisitos de procedibilidad para la negociación dentro de la causa penal 314/2019, por lo que, a través de Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDO) informó al juez encargado del caso Ganther Alejandro Villar Ceballos que deberá continuar con el proceso en la próxima audiencia intermedia programada para el 26 de febrero, de acuerdo con La Jornada.
Pretendía una pena de tres años
Rosario Robles pretendía tener una pena de tres años de prisión sin reparación del daño, estimado en 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos, y además no brindó mayor información sobre delitos más graves, señaló Juan Ramos López, titular de la SEIDO, perteneciente a la FGR.
La FGR no respetó el plazo de cinco días que le había dado el juez el pasado 10 de febrero para que contestara, a petición de la defensa de Rosario Robles, sobre la designación de un funcionario con capacidad de decisión para entablar las negociaciones, así como su modalidad, fecha, hora y lugar. La Fiscalía todavía no ha respondido sobre el asunto. Por el delito de ejercicio indebido del servicio público por ser presuntamente omisa por los desvíos de recursos públicos cometidos por su personal subordinado, Rosario Robles recibiría 21 años de condena a prisión.
La representación social detalló que los 21 años se justifican de la siguiente manera: siete años de prisión corresponden al delito cometido cuando Rosario Robles fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social; otros siete años más, cuando fue secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y siete años extra por agravante, debido a que el delito continuó por seis años en dos instituciones.
En caso de obtener su libertad en la próxima audiencia del 26 de febrero, debido a que el delito por el que se encuentra en prisión no está tipificado como grave, la FGR ya preparó una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada, con lo que no podría solicitar la libertad bajo fianza.
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