Por Carlos Chavarría.
Todos los países aspiramos a lograr la autosuficiencia energética, sea por medio inversiones privadas o públicas. En todas las naciones el tema de la energía es un asunto estratégico y de seguridad nacional, y por ende los gobiernos centrales regulan con gran celo todo lo que tenga ver con oferta y demanda de energía. Nada de esto es privativo de México.
Los países que no disponen de reservas de carbón, petróleo, o gas como fuente básica, tuvieron por muchos años que importar alguno de ellos en tanto la tecnología les posibilitaba la explotación rentable de otras fuentes como las renovables, viento, sol, agua, y hasta en las olas de mar por si acaso.
Sea por el calentamiento global o la preocupación por la ecología en lo general, se usó este fenómeno para empezar la aplicación de incentivos y castigos domésticos en muchos países para inducir el desarrollo de las fuentes alternas por medio de mecanismos de intervención económicos.
Algunos países como los EEUU y Canadá, aprovechando el abultado precio del aceite y gas asociado, metieron en la ecuación tecno-económica la explotación de arenas y lodos bituminosas, pozos de petróleo ya agotados, y otros mantos de dispersos en la tierra, para en muy corto plazo pasar de ser importadores a exportadores netos de energía, restándole vigor a la dinámica alcista impuesta por los países árabes a los precios del petróleo.
En todos esos países existen empresas públicas y privadas que se dedican a eso, a la energía. Aplicaron los incentivos y controles diversos y apropiados para el caso y en cuestión de algunas décadas, al menos el Grupo de los 8, ya no demandaran importar energía, y en ese camino se van agregando otros países más.
No obstante, en ninguno determinaron hacer a un lado a las empresas privadas para que el gobierno se encargará, como monopolio de estado de toda la oferta de energía, simple y sencillo el punto, porque es más fácil controlar a una empresa privada que a una pública.
México, tarde y con tibieza como es costumbre, decide abrir a la inversión privada la producción de energía, habida cuenta de la imposibilidad económica para que el gobierno cumpla esa misión en exclusiva, dado el deplorable estado de sus organizaciones y su precaria situación financiera.
Ahora las cuantiosas deudas de ambas empresas del gobierno se han convertido en deuda soberana a cargo del gobierno central, la presidencia de la república reconoce que tanto PEMEX como CFE no podrán ser la esperada “palanca para el desarrollo” y mucho menos servir como fuentes de subsidio alguno y recurso para financiar el gasto público pues sería un contrasentido.
En el mismo orden de ideas será una aberración que gravite sobre la sociedad el costo contingencial causado por la ineficiencia de ambas organizaciones públicas por más que el presidente no lo entienda y desee.
También ahora es cuando resultará útil que el órgano regulador del tema energético actúe para evitar el mercantilismo favorecedor de algunas empresas privadas que mediante tramas oscuras hayan conseguido tratamientos especiales a los cuáles la sociedad en general no pueda acceder. Lo mejor sería que se exhiban los contratos o convenios que tanto se han usado para motivar las propuestas de cambios a las leyes relativas al tema.
Es muy lamentable que por todo el Siglo XX se usaron los precios de los energéticos como instrumento electoral en aras de un falso estado de bienestar que resulto ser otro componente de las pérdidas financieras de CFE y PEMEX.
Debe empezar el gobierno por decirle a la ciudadanía que ya no hay recursos excedentes disponibles para mantener precios irreales que no permiten recuperar los costos de operación y sostener la corriente de inversiones que demanda el crecimiento del país.
La política de subsidios debe repensarse con cuidado para asegurar que lleguen a quién lo necesita realmente y no se causen distorsiones en el sistema general de precios del país.
