Serán un total de 176 las cuentas públicas que el Congreso del estado tendrá que revisar, para que estén listas antes de que termine la actual legislatura. De los expedientes, de acuerdo con varios diputados se tiene que checar 32 mil millones de pesos en supuestas irregularidades detectadas a diferentes entes. En caso de que los expedientes no salgan adelante, la próxima legislatura estaría heredando un total de 800 expedientes rezagados.
Dentro de las cuentas públicas que se encuentran en el tintero, están las del 2007 de un municipio. También hay varios expedientes almacenados de las cuentas públicas de la administración del entonces exgobernador, Rodrigo Medina de la Cruz. Además de los dictámenes en donde algunas bancadas detectaron anomalías en expedientes de la administración de Jaime Rodríguez Calderón. Es decir, con expedientes de los ejercicios fiscales de la Hacienda del Estado de 2012 a 2020.
Lo referente a las cuentas municipales, los presidentes de las cinco Comisiones de Hacienda Municipal siguen sin citar a mesas de trabajo provocando que año con año aumente el rezago. Se tienen cuentas públicas sin resolver desde legislaturas anteriores, debido a que nunca hubo un consenso por parte de las fracciones.
La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León hizo una revisión de este centenar de ejercicios fiscales correspondientes a los diversos consejos, institutos, fideicomisos, universidades, operadoras de servicios. Lo mismo de organismos descentralizados y autónomos tales como el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General de Justicia, el Parque Fundidora A.C., el Instituto de la Vivienda, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, el ISSSTELEON, la Red Estatal de Autopistas, incluso, el Poder Ejecutivo de Jaime Rodríguez Calderón.
Para cuando regresen los diputados del periodo vacacional de Semana Santa, contaran con sólo 15 días de sesiones ordinarias. Sin embargo, han especificado que aprobarán varios extraordinarios para sacar expedientes rezagados, pero las cuentas públicas serán hasta después del proceso electoral, según dijeron, para no politizar las acciones a emprender.
