Por unanimidad, la Comisión de Justicia y Seguridad Publica del Congreso Local aprobó este lunes la creación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de la Tortura y el Registro Estatal para este delito, con el objetivo de combatir el delito de tortura con la infraestructura, capacidad y especialización debida, y tener los datos estadísticos adecuados para un mejor diagnóstico, prevención, investigación, combate y erradicación.
Álvaro Ibarra Hinojosa, presidente de la comisión dijo que la propuesta modifica la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para crear estos dos instrumentos jurídicos.
«Con la tortura se trata de destruir la personalidad de la víctima, despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano. La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales, la tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional.»
El Presidente de Comisión de Justicia detalló que la propuesta responde también a la obligación de cumplir lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que desde el 26 de junio del 2017 establece que las entidades federativas deben implementar estas figuras.
La iniciativa modifica el artículo 2 fracción VII y se adiciona una fracción VII al artículo 10, los artículos del 33 Bis y 33 Ter y un Capítulo VIII Bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia.
Durante la sesión de la Comisión de Justicia también se aprobaron modificaciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado, con el fin de darle el sustento jurídico necesario a la Policía Metropolitana de Investigación donde «Se busca dotar a la Policía Metropolitana de Investigación con regulación en la ley en la materia, para fortalecer su actuación y a su vez, la seguridad pública de los ciudadanos de la zona metropolitana».
El diputado Ibarra detalló que la propuesta de decreto se busca adicionar el artículo 135 Bis a la Ley de Seguridad Pública del Estado. Esto con el fin de que las policías de los municipios de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, San Pedro, Santa Catarina, Apodaca, Escobedo, Santiago, Juárez, Cadereyta Jiménez y García, se coordinen con las instituciones de procuración de justicia, a través de la Policía Metropolitana de Investigación, con el objeto de establecer los principios y las reglas en la investigación de los delitos.
