La Fiscalía de Combate a la Corrupción, consideró el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, debe dar continuidad a los casos de la llamada “Operación Tornado”. Ante la disolución de la Unidad de Transición entre la extinta Subprocuraduría Anticorrupción y el área de reciente creación; el mandatario puntualizó que resulta imperante terminar lo iniciado, toda vez que el Estado, tras la desaparición de la Procuraduría Estatal de Justicia, ya no cuenta con un abogado.
Si las investigaciones contra ex funcionarios de la anterior administración siguen sin prosperar, dijo, es porque los propios jueces se encargaron de darle largas y aplazar las audiencias correspondientes.
“La Fiscalía (Anticorrupción) tendrá que resolver todos esos temas. Vamos a ver qué tan buenos son, porque quienes están libres, están libres porque muchos de los jueces le han dado largas a los temas. Todos los juicios fueron diferidos para encontrar la inhabilitación del juicio. Son mañas de los abogados y de los propios jueces. Espero que hoy la Fiscalía pueda comprobar, porque es responsabilidad de la Fiscalía… El gobierno ya no tiene un abogado. El gobierno está indefenso porque ya no tenemos un abogado. Antes el abogado era el procurador”.
Dicha laguna, indicó, tuvo lugar luego que el Congreso local, dentro de su urgencia por defender los intereses de sus partidos, nombraran un Fiscal General sin tomar en cuenta al gobierno y todo lo que ello implica.
Resaltó que las investigaciones y las pruebas en cada uno de los casos, incluyendo el proceso penal contra el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, quedaron a disponibilidad de Javier Garza y Garza, Fiscal Anticorrupción.
“Yo no tengo ya facultades, nos las quitó el Congreso. Eso es un grave error. Quizás por las prisas que tenían en el Congreso para nombrar un fiscal y defender sus propios intereses, porque todo mundo sabe que el PRI y el PAN tienen intereses aquí, quedó esa laguna. En el caso de todas las denuncias que hizo gobierno, están ahí, las investigaciones y las pruebas están ahí”.
