Filipinas abandonó la Corte Penal Internacional, pese que el organismo lleva a cabo una investigación preliminar sobre la guerra del presidente Rodrigo Duterte contra las drogas, que ha causado miles de muertes.
“A partir de este domingo Filipinas está oficialmente fuera de la Corte Penal Internacional”, afirmó esta tarde el portavoz de la Presidencia de Filipinas, Salvador Panelo, en un comunicado, en el que recordó que nación nunca se unió legalmente al Estatuto de Roma, que sustenta al Tribunal.
El Estatuto de Roma, que fue aprobado y firmado por 123 países en 1998 en la capital de Italia, se convirtió en la base de la CPI y le otorgó jurisdicción sobre crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
Panelo explicó: “Nuestra posición sobre el tema sigue siendo clara, inequívoca e inflexible. Filipinas nunca se convirtió en un Estado parte del Estatuto de Roma que creó la CPI. En lo que a nosotros respecta, este Tribunal no existe y sus acciones son un ejercicio inútil”.
La retirada de Manila de la CPI, con sede en la ciudad de La Haya, entra en vigor un año después de que la nación asiática informó a las Naciones Unidas, que renunciaría al único Tribunal que juzga a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, agresión y de lesa humanidad.
El retiro de Filipinas de la CPI se da en medio de la investigación preliminar que lanzó el organismo en 2018 sobre la represión, detenciones arbitrarias y asesinatos llevados a cabo por las autoridades filipinas en el marco de la polémica guerra contra las drogas que lleva acabo el presidente Duterte.
La investigación preliminar, iniciada por el fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en febrero de 2018, es sobre las acusaciones de posibles crímenes contra la humanidad, cometidos por la Policía y las Fuerzas Armadas Filipinas, durante arresto arbitrarios, torturas y asesinatos cometidos en su guerra contra el narco.
Conforme a las reglas del TPI, cualquier asunto bajo consideración antes de que una nación abandone la corte todavía está bajo su jurisdicción, sin embargo el gobierno de Duterte ha dejado en claro que su gobierno no cooperará con la CPI de ninguna manera.
La salida de Manila del Tribunal preocupa a organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos y familiares de víctimas de la guerra contra las drogas de Duterte, que temen que los abusos de esa campaña queden impunes.
De acuerdo con cifras oficiales, la lucha contra el narco en Filipinas ha causado la muerte de al menos cinco mil personas, aunque grupos civiles y organismos internacionales elevan la cifra hasta unos 20 mil asesinatos, muchos de ellos injustificados.
