El Tribunal Oral Federal 2 ordenó la detención del expresidente Carlos Menem y el exministro de Economía, Domingo Cavallo, en el marco del juicio por la venta irregular, a un precio vil y por mecanismos dudosos, de los terrenos ubicados en pleno Palermo, a la Sociedad Rural Argentina.
En el caso del exmandatario, los magistrados dictaron una pena de tres años y nueve meses por considerarlo “autor penalmente responsable del delito de peculado”. Cavallo, en tanto, fue condenado a tres años y seis meses por ser “partícipe necesario del delito de peculado”, informaron fuentes locales.
La pena es de cumplimiento efectivo, pero no se materializará hasta que la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 quede firme en la instancia superior de la Cámara Federal de Casación Penal, y si esto ocurre antes del vencimiento de su mandato parlamentario, se deberá solicitar su desafuero a la Cámara de Senadores.
Ambos fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Giorini y José Michelini sentenciaron a prisión a los exfuncionarios por una operación que data de hace 27 años.
Además, dos exfuncionarios del Ministerio de Economía fueron condenados a tres años de prisión en suspenso. El predio de La Rural, antes Parque Tres de Febrero, fue un bien de dominio público hasta 1991, cuando Menem recibió una propuesta para comprarlo de parte de la SRA, y autorizó su venta por decreto el 20 diciembre de ese año.
El boleto de compra-venta se firmó ese mismo día, con un pago inicial de tres millones de pesos/dólares. La venta se hizo por 30 millones, en base a una tasación irrisoria –en lugar de la del tribunal de tasaciones– en la que participaron exfuncionaros del Ministerio de Economía y de los bancos Ciudad e Hipotecario.
Sin embargo, en la investigación judicial, los peritos de la Corte Suprema remarcaron que su valor estaba estipulado en unos 131 millones 800 mil pesos/dólares, un número muy por encima de lo abonado por la SRA.
Puntualmente, los magistrados resolvieron este miércoles condenar a Menem y Cavallo por haber usado para fines privados un bien público. Entre los acusados estaba también quien era por entonces presidente de la SRA al momento de la compra, Ricardo de Zavalía, y el entonces secretario de la entidad, Juan Alberto Ravagnan. Sin embargo, ambos fueron absueltos.
La fiscal Gabriela Baigún había advertido previamente que con la transacción se incurrió en un delito porque se adquirió el predio ferial “a un precio vil, al tener en cuenta otras tasaciones”, dado que la SRA obtuvo el bien “por contratación directa, sin que esté justificado el uso de este modo excepcional”.
De acuerdo con la representante del Ministerio Público Fiscal “no había razones para justificarlo. Adquirió un bien justificado que iba a utilizar para sus fines estatutarios, cuando en realidad tenía planeado explotarlo a través de una sociedad anónima”.
Eso lo indicó en septiembre de 2018, al momento de requerir una medida cautelar para que el inmueble no pudiera ser vendido, cambiado de manos o utilizado como garantía mientras no se dictara sentencia.
