Existe una palabra que, estoy seguro, en cada población, municipio o en cualquier parte del país conocen. Me refiero a “cárcel” y, por supuesto, lo primero que nos viene a la cabeza es cárceles llenas, motines, readaptación inexistente, escuelas del crimen, homicidios, mala higiene, etc. Por lo que es importante hacer una reflexión del sistema penitenciario en nuestro país.
Para empezar, debemos entender que este sistema es un componente de la Seguridad Pública y se organiza por una serie de instituciones que, como meta principal, buscan la reinserción social, en este caso de las personas que son internadas.
En primer lugar, debemos saber que, de acuerdo con el INEGI, en el país hay 210,991 personas presas, de las cuales el 26.2 por ciento ya habían sido recluidos y el 73.9 por ciento era la primera vez y no contaban con antecedentes penales. Asimismo, dichos reos fueron encarcelados por diversos delitos como robo en sus diversas modalidades, violencia familiar, posesión de drogas, secuestro, portación ilegal de armas, violación, lesiones, homicidios, lesiones, daño en propiedad, entre otros, y aproximadamente la mitad de los reos tienen entre 28 a 34 años.
Ahora bien, es muy importante señalar que las prisiones en el país ni siquiera cumplen con la normatividad internacional conocida como “Reglas Mandela”, o Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por las Naciones Unidas en 1955 y que tienen como principios fundamentales:
1) Que el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos que implican la privación de la libertad y el despojo del derecho a la autodeterminación de las personas detenidas;
2) Que todos los reclusos deben ser tratados con el respeto que merecen su dignidad y su valor intrínseco en cuanto seres humanos;
3) Nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes;
4) Se tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular las de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario;
5) Se deberán reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad;
6) Las medidas privativas de libertad tienen por objetivo proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia y,
7) Los objetivos sólo pueden lograrse si se ofrece a las personas presas educación, salud, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia apropiadas que brinden herramientas para lograr su reinserción en la sociedad tras su puesta en libertad.
Es así que, desgraciadamente, nos damos cuenta que estas reglas en muchas cárceles mexicanas, o en su totalidad, están muy distantes; sabemos que México las adoptó pero, en estricto sentido, el sistema penitenciario al parecer no las aplica, ya que nos damos cuenta que los presos están en una situación de riesgo permanente, aparte de que constantemente son violados sus derechos humanos, para empezar en las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios del INEGI, existen 267 centros penitenciarios estatales y municipales, donde más de la mitad tiene sobrecupo, además de que al menos 10 sobrepasan su número entre 300 y 600 por ciento, ¡sí, 600 por ciento!, lo que, sin duda, nos hace ver que el primer problema para llevar a cabo la verdadera reinserción o readaptación social es el sobrecupo. Por ejemplo, hay espacios que son para un reo y habitan hasta seis internos, y en otros análisis se han verificado celdas para 4 personas, en donde hay más de 20 internos.
En la mayoría de los penales de los estados con sobrepoblación, otro problema es que están mezclados reos locales con federales, pero, curiosamente, más de 15 centros penitenciarios federales no están ocupados en su totalidad y, por supuesto, no internan reos estatales, por lo que de acuerdo a datos oficiales por el Gobierno Federal, en México hay más de 34 mil presos en condiciones de hacinamiento.
Es entonces, que el problema de sobrepoblación es uno de los factores principales que ponen en riesgo al reo y deteriora cualquier condición de readaptación y reinserción social, lo anterior, expuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Pero, ¿qué conlleva el hacinamiento?, para empezar, en el 54 por ciento de las cárceles en México, los internos toman el control a través de la violencia sobre el resto, además de que es demostrado por estudios de la CNDH, que la mayoría de las cárceles que sufren de sobrepoblación tienen graves carencias, como la falta de higiene, la clasificación entre sentenciados y procesados, no tienen actividades laborales, capacitación, recreación, la alimentación no es adecuada y suficiente, por supuesto las condiciones para dormir son casi nulas, además de que son notorias las ausencias del personal de custodia, lo que provoca que no haya prevención de incidentes de violencia, entre ellos los motines, homicidios, fugas o riñas, por otro lado también hay deficiencias para los programas de desintoxicación y prevención de adicciones.
Estamos convencidos que los tres órdenes de Gobierno deben tener entre sus actividades principales la transformación del sistema penitenciario en México, para que las cárceles no sigan siendo escuelas del crimen, llenas de corrupción, drogas, armas, delitos, por lo que es primordial para poder empezar a corregir estas problemáticas y tener avances en una real readaptación social, empezar a despresurizar los centros penitenciarios.
En mi estado, Nuevo León, se tiene una población penitenciaria de 7070 presos, los cuales 2990 son del Penal de Topo Chico, 1787 de Apodaca, 1903 de Cadereyta, 366 del Centro Único para Mujeres y 24 adolescentes.
Por lo anterior fue que el estado, con la ayuda del Gobierno Federal, hizo lo correspondiente, ya que en pasados días se trasladaron con total éxito a más de 500 reos de alta peligrosidad del penal de Topo Chico, Apodaca y Cadereyta, con destino a diversos penales, lo que, sin duda, coloca esta entre las acciones más exitosas del país por lo que conlleva tal situación.
Cabe mencionar que todos los operativos fueron supervisados por integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, especialistas en sistemas penitenciarios, así como 1600 elementos estatales, federales y militares. El traslado se hizo vía terrestre por medio de autobuses, pero en el caso del traslado de internas, que fueron dirigidas al Penal de Morelos, fue por vía aérea.
Concluyo diciendo que con estas acciones estamos seguros de que se logrará un cambio en el sistema penitenciario del estado. Al despresurizar estos tres penales, evitaremos futuros problemas como motines, delitos, riñas, etc., además de tener controlados en su totalidad a todos y cada uno de los reos, buscando lograr el motivo por el cual fueron hechos estos centros: la readaptación y reinserción social. Este megaoperativo entre los gobiernos federal y estatal es, sin duda, una muestra de que estamos en la misma sintonía, que compartimos la necesidad que uno de los problemas que acontece en México es la mala readaptación social y debemos empezar por fortalecer todo el proceso penal y el sistema penitenciario, convencidos que con esto no se cambia el sistema de la noche a la mañana, pero es un gran comienzo, ya que sabemos que al despresurizar los penales, comienza “la despresurización del sistema”.
