La senadora del grupo parlamentario de Morena, Nestora Salgado, señaló que en el tema de desplazamiento forzado interno en Guerrero, se debe abordar urgentemente porque deriva del actual contexto de violencia e impunidad que prevalece en México.

El día de hoy se aprobó en el Senado de la República un dictamen por parte de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, en el cual se recomienda a las autoridades de Guerrero realizar acciones para resolver el desplazamiento interno.

En ese dictamen, invitan al estado a armonizar las leyes y protocolos que atiendan a las víctimas y prevengan el desplazamiento forzado interno, así como designar recursos económicos suficientes a los organismos de derechos humanos.

Ante ello y como aprobación a dicho documento, Nestora argumentó que el desplazamiento forzado interno es un fenómeno creciente y sistemático que se deriva de múltiples causas, “lo que genera diversas violaciones a los derechos humanos de personas y comunidades”.

“Ya sea como consecuencia de desastres o fenómenos naturales, imposición de proyectos de desarrollo, delincuencia organizada, resistencia en defensa de los derechos humanos, actividad periodística, o bien como consecuencia del acoso directo de las propias autoridades”.

De acuerdo con la senadora, lo anterior ha generado una evasión de responsabilidades de las autoridades en todos los niveles de gobierno, y en consecuencia una escasa o nula política pública para atender este fenómeno.

Violencia, causa del desplazamiento forzado

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la violencia generalizada es el causante del desplazamiento interno forzado de miles de personas. Lo que a su vez, el Centro de Monitoreo de Desplazados Internos, concuerda al señalar que la expansión de la violencia criminal han sido las principales causas.

Datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señalan que Guerrero es uno de los estados con mayor número de personas desplazadas de manera forzada con 7 eventos masivos y con una población afectada de 1,650 personas.

“Por estas razones, es necesario reconocer a su más alto nivel el fenómeno, así como realizar un diagnóstico para establecer sus causas, definir las necesidades de las y los desplazados y difundir sus derechos”, concluyó la senadora Salgado.

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