El 31 de marzo de 2016, 14 docentes del Colegio de Bachilleres en Chiapas, fueron humillados y obligados a caminar descalzos por las calles del municipio de Comitán de Domínguez con burlas, vejaciones, portación de pancartas con leyendas denigrantes y siendo rapados públicamente, pues se negaron a participar en un paro magisterial.

Ante ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas; al Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; a la directora del Colegio de Bachilleres estatal, Nancy Hernández Reyes, y al presidente municipal, Emmanuel Cordero.

“Por omisiones y responsabilidades en que incurrieron autoridades de seguridad pública municipal y estatal, educativas y de procuración de justicia de Chiapas, por no proteger los derechos humanos de 14 docentes en esa entidad”.

La Comisión dijo que luego de su investigación, acreditó la violación de los derechos humanos al trato digno, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, trabajo digno, derecho al acceso a la justicia, derecho a una vida libre de violencia.

Los hechos en Comitán

De acuerdo con la Comisión, la retención de los maestros se realizó el 31 de mayo de 2016 en dos grupos: el primero de 6 personas adscritas a la Secretaría de Educación de Chiapas; y el otro grupo con 8 personas que laboraban en el Colegio de Bachilleres; del total, 10 fueron hombres y 4 mujeres.

Las víctimas fueron llevadas a la Central de Abastos del municipio, donde fueron vejadas y maltratadas, y difundido por medios de comunicación.

Las omisiones estuvieron en la falta de acciones para contener las agresiones, no se solicitaron medidas cautelares para proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni se les brindó protección y auxilio en el momento de los hechos ni con posterioridad, e impunidad.

Al gobernador de Chiapas, se le recomienda repare integralmente el daño a las víctimas, que incluya atención médica y psicológica; presentar denuncias contra el personal involucrado, incluida la cadena de mando.

Por su parte, para el fiscal estatal, se recomienda integrar y perfeccionar la investigación en agravio de seis víctimas; y a la directora General, la implementación de acciones para garantizar seguridad y respeto en sus jornadas laborales.

Foto propiedad de: Toño Aguilar / Cuartoscuro

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