El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende crear una unidad policial que sea especial en la detención de lavado de dinero. Para ello, y luego de que esté creada la Guardia Nacional, Gobierno y Congreso de la Unión planean promover acciones legislativas, operativas y orgánicas presupuestales.
Ello se establece en un apéndice de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que envió el Ejecutivo federal al Senado para su posible aprobación.
Se propone una ley federal de combate al conflicto de intereses para limitar las adquisiciones directas y así propiciar que los órganos fiscalizadores realicen una revisión para clausurar las empresas fantasmas.
El texto de la propuesta
En el texto de la propuesta se resalta:
“Es necesario centralizar las instancias de contraloría, fortalecer mecanismos fiscalizadores, como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como ampliar el radio de acción de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, la cual desde su creación se ha concentrado en detectar la evasión fiscal (…) En esta administración su actuación debe permitir debilitar los esquemas de financiamiento del crimen organizado”.
De acuerdo con el adendum, enviado a la Comisión de Seguridad del Senado, como parte de la estrategia nacional, se contempla eliminar las diferencias salariales “abismales” que se detectan entre un agente del Ministerio Público federal, un policía y un juez federales.
Asimismo, estipula que otros países han funcionado los nuevos modelos de justicia, pues no tiene percepciones similares y se les capacita en troncos comunes y en la homologación de procesos, con la intención de que todo sistema en materia hable el mismo idioma.
Con información de Radio Fórmula
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