El gobierno de Enrique Peña Nieto omitió hacer público un informe de 2016 que daba cuenta de diversos contratiempos en el proceso de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), lo que llevaría a posponer su arranque de operaciones hasta septiembre de 2024, con un sobrecosto de entre 67 mil y 120 mil millones de pesos a lo originalmente presupuestado.
En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Javier Jiménez Espriú, dio a conocer los fundamentos de la decisión de cancelar el proyecto del NAICM en el Lago de Texcoco, con un repaso tanto de motivos de carácter ambiental y desarrollo urbano, como de planeación, financiamiento y de procedimiento.
En su exposición, el funcionario federal indicó que el presupuesto original fue fijado en 169 mil millones de pesos, con un cronograma a seguir desde 2014 que establecía la culminación de la primera etapa de construcción en octubre de 2018. El arranque formal de operaciones estaba previsto para el año 2020, con dos pistas para uso comercial y una para uso militar.
Pese a que el precio original en dólares se mantenía en el mismo monto hacia finales de 2018, por los incrementos en el valor de divisas el presupuesto superaba los 305 mil millones de pesos en la última revisión. Esto, pese a que se excluyeron 64 mil millones de pesos en obras previstas dentro del proyecto original.
El 22 de julio de 2016, la firma contratada como “Gerente” del proyecto, Parsons, envió una carta a representantes del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GAICM) para informar que, de acuerdo con su más reciente proyección, el NAICM no estaría en condiciones de arrancar operaciones sino hasta septiembre de 2024, con una inversión extra a lo previsto, de 67 mil millones de pesos en un escenario ideal, y de hasta 120 mil millones de pesos, en el peor de los escenarios.
El oficio, firmado por el vicepresidente y director del programa “NAICM” de Parsons, James Young, registraba un incremento de los 189 mil millones de pesos presupuestados originalmente, a los 309 mil millones de pesos de la proyección más adversa. Jiménez Espriú calificó la omisión de esa información, como un “daño” a la sociedad mexicana que se manejó de forma perversa.
“La información de Parsons de 2016 se ocultó siempre, se archivó y se mintió sin recato; por ello hemos afirmado reiteradamente que no se sabía ni cuánto costaría el proyecto, ni cuándo se podría terminar la obra, que era un elefante blanco, un pozo sin fondo, con un daño patrimonial que deberán evaluar las autoridades competentes”.
Incrementos en contratos
Otra de las irregularidades detectadas ocurrió en los ajustes a la alza de los montos de contratados asignados a diversos participantes de la obra. Por ejemplo, para el Proyecto Arquitectónico, se entregó un contrato por adjudicación directa a Norman Foster y Fernando Romero, quienes originalmente percibirían mil 841 millones de pesos por sus servicios, pero que, tras cuatro convenios modificatorios, se alzó hasta los 2 mil 692 millones de pesos.
En el caso de la empresa gestora Parsons, su contrato original establecía 2 mil 362 millones de pesos por su rol como “Gerente” de proyecto. Sin embargo, tras dos convenios modificatorios, el pago subió a los 2 mil 692 millones de pesos.
De los 692 contratos celebrados por el GACM, 523 fueron por adjudicación directa, en tanto que 90 se celebraron por invitación y sólo 79 se abrieron a licitación pública. Pese a que los contratos de adjudicación directa apenas representaron 22 mil millones de pesos, de los más de 189 mil millones de pesos contemplados para el proyecto, Jiménez Espriú consideró que dicha práctica no es deseable. En ese sentido, indicó que el GACM tiene abiertos 198 procesos fiscalizadores y que se encuentra en revisión de posibles daños patrimoniales por un monto superior a los 6 mil millones de pesos.
Foto propiedad de: Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro
