Organizaciones acompañantes de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron el retraso en la designación del fiscal especial para el caso, pues el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, “prometió que a más tardar el último día de marzo ya estaría nombrado”.

Los integrantes de la Comisión para la verdad del caso desconocen la razón. “Estamos ya casi a mitad de año y nada”, dijo el abogado Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante de los padres de los normalistas.

“No nos han explicado, lo único que nos dicen es que esperemos. Hay avances muy importantes por parte de la Comisión encabezada por Encinas, quien tiene una excelente disposición, pero existe preocupación porque esta disposición no la comparten otras instituciones”.

Hace unos meses, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero se comprometió con los padres de los 43 normalistas a crear la Fiscalía Especial y designar al responsable de la misma, desde donde se ejecutarán las diligencias, búsquedas y líneas de investigación.

Desde la creación de la Comisión presidencial, se ha trabajado en crear un marco institucional que permita a la fiscalía operar sin restricciones. “Ya está todo listo. Lo único que esperamos es el nombramiento del fiscal y la FGR lo está retrasando. La Defensa Nacional, por su parte, es evidente que está ocultando información”, dijo Rosales en entrevista con El Sur.

“Para los papás ha sido muy importante eso: apuntalar y amarrar bien la asistencia técnica internacional por parte del GIEI y de la ONU. Que no sufran los mismos problemas que sufrieron en la administración pasada, que no les pongan obstáculos, que no oculten información y que no falten los recursos para operar”, añadió Humberto Guerrero, del Centro de Análisis e Investigación Fundar

Por su parte, Miguel Álvarez Gándara, de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y miembro de la Comisión, señaló que el nuevo gobierno debe urgir el nombramiento del fiscal pues “está en juego el reconocimiento a una serie de ajustes a las estrategias y al propio carácter institucional del Estado mexicano”.

Gándara apuntó que lo que más le preocupa es “la falta de congruencia, ¿por qué Ayotzinapa ‘avanza’ y el resto de las familias de desaparecidos tienen que sufrir calvarios burocráticos? Esto refleja que hay una agenda dispareja, desigual”.

Respecto a la designación del fiscal, Álvarez dijo que puede revelar una situación interna de la que no se habla: “Más allá del jefe del Ejecutivo o el nuevo fiscal, este retraso pueda obedecer a una resistencia de distintos elementos, del Ejército, de los partidos, de otros actores que no están en la misma voluntad de verdad y justicia, y que hacen valer sus intereses”.

Foto propiedad de: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro

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