Organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas señalaron que desde el inicio de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, impulsada por Felipe Calderón, el número de mujeres privadas de su libertad aumentó, y con ello las graves violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso.

En el foro “Derechos de las personas privadas de la libertad” llevado a cabo en la Cámara de Senadores, también se expuso que un problema sistemático es la fabricación de delitos y la tortura contra las personas que resultan detenidas.

El foro fue impulsado por la senadora Nestora Salgado, quien al inicio del evento aseguró que la lucha por los derechos de las personas privadas de la libertad “no cualquiera se atreve a darla”.

“Solamente quien sabe de los abusos dentro de prisión no atrevemos. Este foro se realiza con la finalidad de intercambiar puntos de vista de temas sensibles para nuestro país. Visibilizar los principales problemas que afectan los derechos de las personas en reclusión y proponer soluciones prácticas”.

Violación, tortura y detenciones arbitrarias

Isabel Erreguerena, integrante de la organización Equis Justicia para las Mujeres, acotó que no hay historia de mujeres privadas de la libertad que no esté llena de violaciones sexuales, tortura y detenciones arbitrarias.

“Desde la llamada Guerra contra las drogas, las mujeres se volvieron más vulnerables frente al sistema de justicia. Debido a falta de oportunidades de empleo, a ellas no les queda de otra más que trabajar con estas organizaciones que las ocupan para transportar sustancias ilícitas, momento en las que son detenidas”.

De 2016 a 2018, el encarcelamiento de personas aumentó 175%. Asimismo, del total de las mujeres privadas de la libertad, 43% están dentro por delitos contra la salud, lo que significó un incremento de 113% en 2018.

Erreguerena dijo que, de acuerdo con los análisis realizados por la organización, 90% de las mujeres en reclusión tiene hijos o dependientes económicos; 99% nunca antes había delinquido; y 9 de cada 10 no portaba armas al momento de su detención. Además, el 60% no había concluido la secundaría y la mayoría son víctimas de violencia de género.

Acusó que el sistema penitenciario de México no sabe quién está en los centros, “preguntamos la cantidad de mujeres indígenas, con alguna discapacidad, trans, extranjeras que están privadas de la libertad, pero sus cifras no eran creíbles. Entonces si no saben, cómo puede realizar acciones especiales para programas de reinserción social”.

Fabricación de delitos

Para finalizar su participación, la integrante de Equis Justicia aseguró que el Ejército y la Marina sí son los que más violan los derechos humanos y el debido proceso pues en el caso de las mujeres, únicamente el 1.3% de los arrestos fueron con orden de detenciòn, “lo que significa que ambas corporaciones son expertos en fabricación de culpables”.


Foto: Nancy Gómez / SDPnoticias.com

Por todo lo anterior, enlistó 6 recomendaciones dirigidas a los 3 poderes del país: subsanar el daño a las personas que se encuentran en prisión injustamente, abstenerse de detener a mujeres arbitrariamente, mecanismos de monitoreo de detenciones, trabajar hacia una política de legalización de las drogas y no desaparecer la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL).

Condiciones en las que viven las mujeres en prisión

Por su parte, Aída Hernández Castillo, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), señaló que durante las últimas 2 administraciones, lo que más afectó a los centros de privación de la libertad fue el proceso de certificación.

 “Esta certificación atrajo lo peor de los sistemas penitenciarios del mundo. Y que tiene como principal característica criminalizar la pobreza con ‘tiendas de raya’ que venden los productos al triple de precio que tiene afuera”.

Aseguró que a partir de la certificación implementada en 2008, “todo se volvió un negocio, y cuando las mujeres necesitan que sus familias les lleven cualquier artículo, hay más restricciones. Lo que involucra que la atención médica no esté capacitada”.

Durante el evento también estuvieron presentes Karina Prieto y José Flores, defensores públicos, y Alfredo López de la CNDH.

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