El Congreso de Nayarit aceptó de manera unánime la renuncia del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Antonio Enríquez así como el desafuero del magistrado José Ramón Marmolejo Coronado y los jueces de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Nayarit Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez por su participación en un mega fraude a derechohabientes del Infonavit en 7 estados.

Con 26 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los diputados locales determinaron separar del cargo y desaforar al magistrado y los jueces a fin de que la Fiscalía General del Estado juzgue su participación en la creación de juicios entre 2013 y 2018 para despojar a más de 50 mil acreditados de Infonavit en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Jalisco y Nayarit.

Expone fiscal entramado

En la sesión de este viernes, participó el fiscal general de Nayarit Petronilo Díaz Ponce Medrano quien enunció las razones y las pruebas que permitieron a los legisladores votar de manera informada a favor del desafuero del magistrado y los cinco jueces.

El fiscal se pronunció por que el fin de los excesos, las injusticias y las contradicciones, en este último punto, habrían caído los magistrados y jueces implicados en el millonario fraude.

“Grave contrasentido de quienes debían garantizar la aplicación de la justicia, vigilar el cabal y honrado ejecución de la ley. Funcionarios que deberían generar confianza por su irreprochable conducta, sean quienes envicien y fuera de la ley se asocien y atenten contra la legalidad para cometer fraudes y obtener beneficios económicos”.

El fiscal detalló que a la fecha se han asegurado 3 millones 850 mil pesos en efectivo, un reloj de oro y tres inmuebles; además se han emitido 13 órdenes de aprehensión en contra de cuatro funcionarios judiciales, 3 despachos externos y 6 apoderados de Infonavit.

Hasta ahora, detalló, se han acreditado cuatro vinculaciones a proceso por delitos contra la administración de justicia, asociación delictuosa, fraude procesal, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.

Además, subrayó, se comprobó que sí hubo 60 mil juicios simulados y fraudulentos que tuvieron lugar en despachos particulares. De ellos, nunca se enteraron a los demandados. 

A pesar de que se les invitó, ninguno de los ahora desaforados acudió a la sesión del Congreso de Nayarit.

Foto propiedad de: @JulietaMejia

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